En un decreto, Sala justifica su decisión "dado el volumen de procesos constitucionales pendientes" y para "garantizar la continuidad y estabilidad" del tribunal, del que recuerda que es "el supremo intérprete de la Constitución y el garante máximo de los derechos fundamentales y libertades públicas". Por ello acuerda "no aceptar" las renuncias, "sin perjuicio de hacer presente al Congreso de los Diputados, la necesidad de observancia de los plazos de renovación establecidos".
