Madrid. Un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictara la inconstitucionalidad del estatuto andaluz en lo referente a la exclusividad de las competencias sobre el Guadalquivir, el mismo órgano anunciaba ayer una sentencia similar negando a Castilla y León la exclusividad de los dictámenes que ordenan la gestión del Duero a su paso por la España. Al igual que en el caso andaluz, el origen de esta sentencia es el recurso que contra el articulado del estatuto castellano presentó en su día el Gobierno de Extremadura.

Esta decisión, adoptada por unanimidad por los miembros del TC, anula el artículo 75.1 de la norma básica castellana que señalaba que "la Comunidad Autónoma asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad". El Tribunal Constitucional avanzó ayer el fallo sobre el recurso extremeño, mientras que la sentencia será notificada en los próximos días.

La Junta de Extremadura recurrió ese artículo del Estatuto castellano-leonés, en 2008, al considerar que vulneraba las competencias del Estado y el principio de unidad de cuenca. Y es que los extremeños se agarran a que la cuenca hidrográfica del Duero discurre por siete comunidades autónomas, aunque la mayor parte, más de un 98%, corresponde a Castilla y León.

En Extremadura afecta a los municipios de Descargamaría y Robledillo de Gata, en el norte cacereño y limítrofes con la provincia de Salamanca, con una superficie de 35 kilómetros cuadrados en ambos casos y una población de unos mil habitantes.

Cuando interpuso el recurso, la Junta defendió que se trataba de defender, por encima de todo, los intereses de la comunidad, "independientemente de que afecte a mil ciudadanos, o sólo a uno".

reacción Este dictámen tira por el suelo las estrategias de la Junta de Castilla y León que el miércoles, al conocer el fallo sobre el Guadalquivir, insistía en que ambos casos eran diferentes. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, reconoció que este posicionamiento del alto tribunal genera una "frustración colectiva" en la Comunidad y hace realidad el "peor de los supuestos". De todas maneras invocó el espíritu de unidad que alumbró el nuevo Estatuto de Castilla y León y recordó que el artículo 75.1 fue una "petición colectiva", que logró, junto con el resto del texto, el apoyo unánime de los dos grupos mayoritarios en el parlamento autonómico (PP y PSOE).