El pasado 30 de diciembre, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó a cuatro de los guardias civiles que detuvieron y custodiaron a Igor Portu y Mattin Sarasola a penas de entre dos y cuatro años y medio de prisión, e inhabilitación absoluta de entre ocho y dieciséis años por ser autores de sendos delitos de "torturas graves" y "lesiones" a los miembros de ETA juzgados por el asesinato de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate en el atentado de la T-4.
La sentencia, pese a que los abogados de Portu y Sarasola anunciaron que la recurrirían, fue especialmente relevante por el hecho de que era la primera vez en diez años que la Justicia constataba un caso de tortura grave por parte de miembros de cuerpos policiales, y suscitó duras críticas por parte de asociaciones de guardias civiles.
Las conclusiones de la Audiencia guipuzcoana echaban por tierra el habitual argumento del Ministerio del Interior, y de PSOE y PP, de que las directrices de ETA para denunciar torturas, se produzcan estas o no, eximen a los poderes públicos de investigar los presuntos casos que lleguen a sus manos.
Así lo ha afirmado también en varias ocasiones el Ararteko, Iñigo Lamarca, quien se ha pronunciado en contra de la incomunicación de los detenidos por delitos de terrorismo, y al que han empezado a acudir familiares de arrestados para presentar sus quejas.
Lamarca mantuvo una polémica el pasado año con el consejero de Interior, Rodolfo Ares, a quien acusó de "falta de colaboración" en la investigación de las presuntas tortura a un comando detenido en enero de 2010 en Ondarroa. En agosto, ya cerrado el intercambio de reproches entre el Ararteko y Ares, la nueva Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, visitó por sorpresa media docena de comisarías de la Ertzaintza.
Se trataba de un hecho inédito hasta la fecha, y protagonizado por una responsable pública que durante el mandato de Enrique Múgica como ombudsman español se ocupó de dirigir el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura suscrito por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El llamamiento de Lamarca en contra de la incomunicación se suma al del propio relator de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que el Estado "permite la ocurrencia de torturas o malos tratos, en particular en el caso de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades terroristas".
En el debate sobre ese aislamiento del detenido durante cinco días, en los que no puede comunicarse con su abogado o médico de confianza, es precisamente donde se sitúan las diferencias entre los partidos políticos vascos. Mientras PNV, Aralar, Ezker Batua y Eusko Alkartasuna creen que ese régimen supone un espacio para la impunidad, PSE, UPyD y singularmente el PP mantienen que la incomunicación es crucial para evitar la fuga de sospechosos en operaciones policiales.
