J. Arretxe

Donostia. Sortu es "el mero intento de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera". Es decir, que para el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, los impulsores de Sortu "saben" que no van a estar en las elecciones municipales y forales del mes de mayo.

A la espera de la demanda que la propia Fiscalía presentará el lunes ante el Tribunal Supremo para impedir que se permita la legalización de Sortu, su máximo dirigente valoró ayer en un encuentro con agentes económicos y sociales en Andalucía los últimos movimientos de la izquierda abertzale.

Tanto es así, que Conde-Pumpido aseguró que dispone de "pruebas documentales" de que, ante la -para él- previsible no-legalización, habrá "un plan B", consistente en promover agrupaciones electorales.

ley electoral Y si fracasa, "un plan C", que sería el de incluir miembros de la izquierda abertzale en un partido legal. El fiscal general anunció que ya trabajan junto a las policías en evitar que esto suceda. Y aunque tuviera lugar y personas de esta sensibilidad llegaran a ocupar cargos institucionales, Conde-Pumpido recordó la figura de la incompatibilidad sobrevenida que figura en la Ley Electoral tras su reciente modificación.

Este cambio permitirá despojar a un electo de su acta si su formación es ilegalizada y él no hace llegar en quince días un escrito en el que se posicione en contra de ese motivo por el que haya sido ilegalizado.

Conde-Pumpido se expresaba así un día después de que la Abogacía del Estado presentara su demanda ante el Supremo, que éste la admitiera a trámite y que se siguieran las reacciones de distintos partidos políticos a dicho informe del letrado.

El presidente del GBB, Joseba Egibar, definió la demanda como "un insulto a la inteligencia de la ciudadanía", ya que una "simple lectura" de esas casi 50 páginas permite deducir "la fragilidad de lo aportado". Eusko Alkartasuna, en un comunicado, valoró que "la demanda es la mejor prueba y la constatación de que el Gobierno español carece de cualquier tipo de argumento para defender la ilegalidad de Sortu".

De opinión opuesta era el presidente del PP de Euskadi, Antonio Basagoiti, quien consideró que "no era verdad" cuando la izquierda abertzale "vendía que con Sortu se acaba ETA y la kale borroka", en alusión a los incidentes del jueves pasado en Vitoria y la posterior nota informativa de los impulsores de Sortu.

El portavoz parlamentario de su socio preferente, José Antonio Pastor, dijo estar "satisfecho a medias" con esa notificación de Sortu, en la que insistían en que estaban en contra de cualquier tipo de violencia, incluidas las de ETA y la kale borroka. Pastor consideró ayer que la declaración es "un pasito más", pero volvió a apostar por mantener "la exigencia democrática" a la izquierda abertzale.

El tiempo, clave Cómo y, sobre todo, cuándo se resuelvan las demandas para impedir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos será clave. Tanto que las hipótesis giran en torno a los plazos que tienen tanto el Alto Tribunal como el Constitucional -al margen del resultado, todo apunta a que una parte o la otra recurrirán- para pronunciarse.

La fecha límite que tiene la izquierda abertzale, utilice el plan A, el B o el C -en los términos de Conde-Pumpido-, es el próximo 18 de abril. Para entonces esta sensibilidad política deberá registrar, de una forma u otra, las listas de municipios y Juntas Generales.