Vitoria. Ni Javier Balza ni Rodolfo Ares. La Comisión de investigación parlamentaria del caso Miñano acordó ayer solicitar seis nuevas comparecencias para resolver las dudas que aún tienen los grupos políticos sobre el presunto espionaje a políticos alaveses, y entre ellas no hay ningún alto cargo del Departamento de Interior. Si bien en la investigación sobre el Departamento de Cultura se llamó a declarar a la consejera de esta cartera con el Gobierno de Ibarretxe, Miren Azkarate, ayer la solicitud de que comparecieran los consejeros de Interior del PNV y del PSE no salió adelante.

Para poder ser citados, los comparecientes deben reunir dos requisitos: que al menos dos grupos reclamen su testimonio, y que estuvieran relacionados, por cercanía o por razón de su cargo, con los hechos investigados, una circunstancia que no se da en el caso de Rodolfo Ares. Tampoco declarará en el Parlamento El Tarta, el agente del CNI que trabajó para el Departamento de Interior y realizó seguimientos al equipo de Juan José Ibarretxe por encargo del espionaje español.

Según explicó el presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala, los partidos acordaron ayer solicitar un total de catorce comparecencias, las seis citadas sobre el presunto espionaje y otras ocho relacionadas con los contratos que el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco firmó con Kataia, Errexal y Ortzi Muga, las tres empresas investigadas por la Audiencia Provincial de Álava.

En el caso del supuesto espionaje por el que está imputado el exburukide Aitor Telleria, la Comisión ha citado al anterior responsable de la Unidad de Información y Análisis y a otro ertzaina. Además, declararán otras cuatro personas, en calidad de "perjudicados" por las supuestas actividades de espionaje que se imputan al exburukide y exmilitante jeltzale, explicó Juanjo Agirrezabala.

En lo relativo a los contratos de Cultura, la Comisión ha citado a Olatz Garmendia, exjefa de los Servicios Jurídicos del Departamento; a Oro Otxoa de Eribe, exjefa de Servicios de la Dirección de Juventud; a Lore Bilbao, exdirectora de Servicios de Cultura; a Bakarne Zuazua, exresponsable del Observatorio de la Juventud; a Unai Muñoa, exgestor del blog Gazteaukera, y a Edurne Basoa, exdirectora de Gabinete de Cultura. Además, se ha llamado a declarar a dos trabajadoras de Kataia y Errexal, las dos únicas personas con las que aún no se ha podido establecer contacto telefónico, según Agirrezabala. El presidente afirmó haber preguntado expresamente al resto de personas citadas a qué dirección desean que se les remita el burofax, con el fin de evitar futuras protestas e incomparecencias como las que se produjeron a lo largo del mes de enero.

Más allá de las elecciones Estas catorce personas declararán entre el 25 de febrero y el 28 de marzo -el primer día han sido citados Garmendia, Otxoa de Eribe y Muñoa-, y una de ellas lo hará a través de un cuestionario, pues se encuentra de baja médica. Agirrezabala, quien dio casi por seguro que los trabajos de la Comisión no concluirán antes de las elecciones, explicó que se evaluará el avance de las pesquisas sobre el presunto espionaje y los contratos de Cultura el 4 de abril, y que a partir de entonces se empezará a investigar sobre las recalificaciones de Zambrana y Santurtzi, y las presuntas adjudicaciones irregulares en Miñano.

La Diputación alavesa ha comunicado al Parlamento Vasco, por otro lado, que remitirá información sobre las empresas investigadas a finales de este mes, cuando modifique la norma que ahora mismo se lo impide.