madrid. El magistrado que instruye la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido prorrogar dos años la prisión provisional del líder de la trama, Francisco Correa, que lleva encarcelado desde 2009 en Soto del Real. Tras dos semanas de deliberación en el alto tribunal en las que las fiscales adscritas al caso se opusieron a la libertad provisional de Correa y del exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, por el "claro riesgo de fuga", Pedreira ha decidido: prorroga de la prisión preventiva para el líder de Gürtel mientras en el caso de Crespo la Fiscalía pide una fianza de 600.000 euros para dejarle en libertad.

En el auto, dado a conocer ayer, el magistrado hace suyos los argumentos de las fiscales y también considera que en este momento puede mantenerse "que existe y no ha mermado de modo alguno ese riesgo de fuga". Para razonar este punto, Pedreira recurre a las intervenciones telefónicas que ponían de manifiesto las "prolongadas estancias y la escasa presencia en España por parte del imputado". Además, se agarra a la existencia de inversiones fuera de España de Correa y a la realización de actuaciones dirigidas a tener una residencia fuera, entre otras cosas.

Pedreira manifiesta en el auto que todos los indicios con los que cuenta confirman que Correa podría haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, blanqueo de capital y diversos delitos contra la Administración Pública, entre los que destaca el tráfico de influencia y el cohecho.

el auto A lo largo del auto, Pedreira muestra su deseo de que la instrucción termine pronto "para la definitiva depuración de responsabilidades en el juicio oral definitorio" y señala que la investigación ha avanzado "extraordinariamente", pero advierte de que no sabe cuándo se celebrará la vista oral "por el posible cambio de instructor y de sala si se produce el cese de los imputados aforados" como Alberto López Viejo o Alfonso Bosch.

Pedreira también deja claras algunas cuestiones a la defensa de Correa, de quien dice que, en su petición de libertad "llega a la exageración máxima" de que todo el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora es nulo. "La representación de Correa con base en una nulidad parcial pretende que se declare la nulidad de todo el proceso (...) Se arranca de una calificación retórica de la barbarie constitucional, de la libertad de expresión y de la pérdida de confianza, que le impide todavía hoy reunirse con su cliente para planificar su defensa y llegar a la exageración máxima de que todo es nulo", indica. Ante esta pretensión, el magistrado destaca que "nadie interfiere la libertad de expresión", y advierte de que "tener derecho a la libertad de defensa no significa imponer su criterio a los demás".