vitoria. Las Juntas Generales de Álava aprobaron ayer por unanimidad la toma en consideración de una propuesta de PSE y PP que persigue modificar su legislación para permitir que los grupos políticos puedan acceder a la información fiscal de empresas que hayan mantenido alguna relación con cualquier administración.
Con este movimiento, las Juntas tratan de salvar el escollo que impedía a la Comisión de investigación del caso Zambrana proseguir en sus pesquisas sobre la fallida recalificación urbanística presuntamente impulsada y luego paralizada por Alfredo de Miguel cuando era diputado de Administración Local. Las Juntas reclamaron a la Diputación los datos fiscales de Kataia Consulting -esta firma constituía el núcleo de la presunta trama de corrupción que investiga la Justicia-, Capiresgo, Sidepur y Riera Urbanizer. Sin embargo, el Departamento denegó esa información alegando que las Juntas no son estrictamente un foro parlamentario y que la obligación de remitir datos fiscales se circunscribe a personas físicas, no a empresas.
La aprobación ayer de la toma en consideración llevará la propuesta de PSE y PP a la Comisión de Hacienda de las Juntas, y según fuentes del grupo popular, se espera que la modificación normativa pueda salir adelante el próximo mes de febrero.
