Bilbao. La operación realizada por la Policía española durante la madrugada de ayer ha descabezado de nuevo, según el Ministerio del Interior, a Segi tras el arresto de seis de sus supuestos miembros y la captura de dos abogados habituales de la izquierda abertzale tradicional acusados de formar parte de Halboka, el presunto aparato de ETA encargado del control de los presos. La operación fue realizada por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, como consecuencia de una doble línea de investigación: una relativa a la reorganización de la organización juvenil ilegalizada y la otra sobre el entramado de control de las cárceles que tenía en el punto de mira a Haizea Ziluaga y Haritz Escudero, los dos letrados arrestados ayer.

La hija del que en los años ochenta fuera dirigente de HASI y de Herri Batasuna, Txomin Ziluaga, y Escudero trabajan en el mismo despacho de la abogada Arantza Zulueta, supuesta cabecilla de este aparato y que quedó en libertad hace unas semanas tras permanecer en prisión más de medio año. Precisamente, el juez Grande-Marlaska dictó un auto el 19 de abril en el que se acusaba a Haritz Escudero de estar integrado en la organización armada. La resolución judicial señalaba que el letrado había recibido cartas de la dirección de la banda para hacérselas llegar a tres miembros del comando Urederra que se encontraban huidos y vivían en Francia de forma clandestina.

Escudero era identificado en los mensajes de ETA con el apodo de Larra y se indicaba que era destinatario de cuatro cartas enviadas desde la dirección de la banda. Una de esas misivas era para él mismo, con instrucciones para el reparto de las otras tres que tenían como destinatarios a los presuntos miembros de ETA Ugaitz Astiz Arangoa, Laihotz, Alberto Machain Beraza, Ainere, y Joseba Mikel Olza, Saioa. Los tres estaban acusados de haber formado parte del comando Urederra, desarticulado en marzo de 2007, y de haber huido a Francia, donde residían clandestinamente.

solución democrática Los firmantes del Acuerdo de Gernika, entre los que están la izquierda abertzale oficial, EA, y Aralar, convocaron una rueda de prensa para denunciar que las detenciones pretenden "descarrilar el proceso de paz por una solución democrática" que impulsa la iniciativa. En un comunicado, exigieron al Gobierno español que también opte por las vías exclusivamente políticas y democráticas: "Ya es hora de que la criminalización de ideas, la persecución policial, las detenciones y los encarcelamientos sean cosa del pasado, que desaparezcan las torturas y los malos tratos".

El ministro del Interior, por su parte, aseguró que la operación policial es "la prueba del nueve" de que la política antiterrorista del Gobierno español no ha cambiado. "La Policía y la Guardia Civil siguen persiguiendo a ETA y a todo aquel que está en la órbita de ETA", destacó Alfredo Pérez Rubalcaba en una breve declaración en el Congreso de los Diputados, en la que advirtió de que las Fuerzas de Seguridad van a seguir persiguiendo a los miembros de Segi.