El terrorismo en todas sus manifestaciones ha dejado un millar de muertos en los últimos treinta años en el Estado español. Hombres, mujeres y niños con diferentes trayectorias vitales, de muy distintos extractos sociales y tradiciones políticas. Cada víctima, en definitiva, supone un punto de vista único y particular sobre el fenómeno del terrorismo. Así pues, ¿cómo se puede decidir cuál es el testimonio más adecuado para deslegitimar la violencia política en las aulas vascas, tal y como pretende el Gobierno Vasco?
La Dirección de Atención a las Víctimas ha elaborado un perfil básico sobre las personas que a partir de marzo acudirán a los centros escolares a contar de primera mano su experiencia ante el terrorismo, una guía de la que se ha servido para seleccionar a la docena de víctimas con las que ya trabajan los profesores de Filosofía y de Ética de la Universidad de Deusto Xabier Mauleón y Galo Bilbao. Según explica el consejero de Interior, Rodolfo Ares, en una respuesta parlamentaria a la representante del PP Mari Mar Blanco, las personas seleccionadas cumplen con seis requisitos básicos.
El primero de ellos, aunque Ares asegura que estos "no se pueden jerarquizar", es el anonimato. La Dirección que coordinan Maixabel Lasa y Txema Urkijo ha optado por enviar a las escuelas a víctimas ajenas a la actualidad política, no mediáticas, con el fin de evitar que "tanto el alumnado como el profesorado o los padres y madres pudieran esgrimir algún tipo de prejuicio derivado de su carácter público".
Las víctimas que acudan a las aulas deberán demostrar, además, "consistencia personal", de tal suerte que el hecho de "revivir" su dramática experiencia "no sea destructivo para ellas".
La tercera condición planteada por la Dirección de Víctimas está íntimamente ligada con la dimensión política que muchas de ellas han adquirido desde que el colectivo pasó de ser ignorado a convertirse en el eje de todo debate sobre terrorismo. Los elegidos han de tener "capacidad para poner en sordina sus opciones partidarias a favor de una narración universalmente asumible".
Directamente relacionada con esta condición está la siguiente, la que exige a las víctimas ceñirse al ámbito moral del uso de la violencia por motivaciones políticas. Las personas elegidas deben ser capaces de "expresar fielmente lo que es el núcleo de la victimización desde el punto de vista moral, con modos tales que lleguen a la inteligencia emocional de quien escucha". Imprescindible es, además, que esas víctimas tengan "dotes comunicativo-pedagógicas" adecuadas al contexto en el que se va a contar la experiencia a partir del minuto cero en el que sus vidas cambiaron para siempre.
Por último, entre la docena de afectados por el terrorismo que explicarán su experiencia -la cifra es aproximada y no cerrada- habrá "diversidad en la posición de la victimización". Así, a los colegios acudirán "familiares directos de personas asesinadas, tanto viudas como hijos o padres, pero también víctimas directas supervivientes con lesiones". Asimismo, se ha contactado con personas "tanto de Euskadi como de otros lugares de España".
Si la asepsia política es fundamental a la hora de llevar a cabo una experiencia de este tipo, nunca antes probada, no lo es menos el que el perfil de la víctima sea heterogéneo desde el punto de vista del victimario. La Ley de Reconocimiento y Reparación de 2008 recoge a todas las personas que han vivido un atentado terrorista, y por ello hablarán con los chavales tanto víctimas de ETA como de otros grupos que, si bien desaparecieron hace décadas, dejaron heridas aún hoy abiertas.
La Dirección de Víctimas ha adaptado así la experiencia en las aulas al consenso que hoy en día existe en torno a las víctimas. Quedan fuera, de momento, el centenar de muertos y el medio millar de heridos por la violencia de los aparatos del Estado, el último obstáculo en el camino hacia la unidad de los partidos.
