VITORIA. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco va un paso por delante de la Audiencia Nacional. Aunque al cierre de esta edición, el juez Ismael Moreno no había decidido si aceptaba o no la petición que le hizo de nuevo la Fiscalía para prohibir la marcha alternativa convocada para esta tarde en Bilbao (17.15 horas, Sagrado Corazón), la consejería de Rodolfo Ares contaba ayer con que la posición del tribunal español va a ser la de vetar la manifestación que pretende sustituir a la organizada por Adierazi EH. Y Lakua tiene ya todo el dispositivo de seguridad preparado para acatar las órdenes que le lleguen de Madrid. Según fuentes consultadas por este periódico, el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela, trasladó ayer la orden a los mandos para trabajar sobre un escenario de prohibición. Además de elaborar los planes sobre el equipo necesario para controlar que la hipotética marcha ilegalizada no se celebrase -alrededor de diez patrullas de seguridad ciudadana y otras tantas dotaciones de la brigada móvil-, agentes fuera de servicio fueron alertados sobre la posibilidad de que hoy tengan que ser reclutados de urgencia para integrar el dispositivo de seguridad. A la espera del fallo de la Audiencia Nacional, el papel que Interior ha jugado con la convocatoria de Adierazi EH podría haber sido el de actor principal. Aunque el juez Moreno fue el que prohibió la marcha original, la primera intención del Gobierno Vasco era la de haber impedido de motu propio la manifestación, algo que han confirmado a este medio fuentes conocedoras del caso. Pero problemas de logística frenaron las intenciones de Lakua. Unas trabas que se encontrarían en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, más concretamente, en las vacaciones de su presidente. Sin Juan Luis Ibarra con voz y mando, que la sustituta al frente del TSJPV fuera Garbiñe Biurrun despertó ciertas dudas en Interior.
Al considerar que la magistrada podría tumbar sus premisas, el Departamento de Rodolfo Ares decidió, finalmente, trasladar una carta al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, informándole sobre la convocatoria de Adierazi EH. La misiva que el Gobierno vasco remitió a los servicios jurídicos del Estado no pedía la prohibición de la marcha -como luego sucedió-, pero fue el detonante para que el Ministerio Público sí reclamara este extremo ante la Audiencia Nacional.
el plan "c" En caso de que el tribunal español suspenda hoy, por segunda vez, la manifestación, simpatizantes de la plataforma ciudadana tenían ayer lista una tercera convocatoria para solicitar la celebración de otro acto, tal como confirmaron a este periódico fuentes conocedoras del caso. La fecha y el lugar de la misma estaría por dilucidar, ya que los plazos legales previstos podrían limitar la capacidad de reacción de los convocantes. Lo que sí parece seguro es que, en caso de que la AN impida el acto de hoy, los organizadores del mismo acatarían el fallo para no buscar un choque con la Policía.
El convocante de la marcha prevista para hoy, el ex consejero de Justicia y dirigente de EA, Sabin Intxaurraga, compareció ayer en Bilbao junto a Jone Goirizelaia, Ander Rodríguez (Alternatiba), Iñaki Zarraoa (ex alcalde de Getxo) y Begoña Campo (Aralar), para explicar los pormenores de la manifestación. En una rueda de prensa, ratificaron los objetivos de la marcha de Adierazi y adelantaron que el lema será Libertad de expresión. Todos los derechos para todos y todas. Los señalados en el auto del juez Moreno como los encargados de gestionar Adierazi EH siguiendo la estrategia de ETA -Karmelo Landa, Amaia Esnal, Unai Beaskoetxea, Julen Arzuaga, Eli Zubiaga, Oiakue Azpiri, Agurtzane Solabarrieta y Olatz Karro- respondieron ayer en una carta pública a las acusaciones de la Audiencia Nacional. Los apuntados por el tribunal español no descartaron tomar acciones legales ante "este atropello".