La aprobación, en 2008, de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo supuso un antes y un después, un salto cualitativo en la atención a los damnificados por la violencia política organizada que ayer se vio completada con la ratificación de la normativa estatal. Al igual que el texto emanado del Parlamento Vasco hace dos años, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo avalada ayer por unanimidad en el Congreso de los Diputados cubre, mediante subvenciones, servicios específicos y exenciones tributarias a las víctimas de todos los grupos terroristas que han operado en Euskadi y el Estado en los últimos treinta años.

Sin embargo, la página del reconocimiento a los damnificados por la violencia política aún no se ha cerrado. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo trabaja en la elaboración del informe sobre los afectados por la violencia de elementos policiales descontrolados que, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, causaron en Euskadi la muerte de 109 personas y heridas o secuelas a otras 538.

Con el respaldo de todos los grupos del Parlamento, incluidos PSE y PP, reacios hace apenas dos años a incluir a estas víctimas junto a las de ETA o el GAL, la Cámara pidió a la oficina que dirige Maixabel Lasa que concrete una serie de medidas de resarcimiento a este centenar largo de personas muertas a manos de grupos que no se identificaban con ninguna sigla, y que por tanto no cabían en la Ley de 2008. El director de Derechos Humanos del último Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Landa, preparó el terreno con un informe que cuantificaba a este último colectivo de víctimas olvidadas.

Una vez se ofrezca un paraguas legal para ellas se habrá cerrado definitivamente el capítulo del reconocimiento para pasar al de la memoria, tal y como pretende la Dirección de Atención a las Víctimas.

Mientras, las víctimas de grupos terroristas contarán, desde el momento en que se publique en el BOE el texto aprobado ayer en Madrid, con nuevas prestaciones por parte de la Administración. La Ley estatal protege a las víctimas españolas de atentados en el extranjero, propone primarlas en el acceso a la Función Pública, les ofrece atención médica y psicológica gratuita y reconoce, por primera vez, las necesidades de los amenazados por ETA.

El diputado del PSE por Bizkaia y coordinador de los socialistas vascos en Cortes Generales, Txiki Benegas, mostró ayer su satisfacción por la aprobación de la nueva norma, que se retrotrae hasta 1960. "La política es una actividad más noble cuando sirve para paliar el sufrimiento, para proteger y acompañar a los que han visto vulnerados sus derechos por la barbarie y la violencia", aseguró.