Jerusalén. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, asumió ayer ante la Comisión Turkel "toda la responsabilidad" por las órdenes dadas para el asalto a la Flotilla de la Libertad, que acabó con la muerte de nueve civiles turcos, el pasado 31 de mayo.
Barak compareció ayer ante la comisión que investiga el abordaje después de que lo hiciese el lunes el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que desató una ola de críticas al declarar que él se encontraba de viaje, y que fueron el titular de Defensa y el Ejército quienes se ocuparon de "los aspectos técnicos" de la operación.
Tras los reproches a las declaraciones de Netanyahu, su oficina se vio obligada a difundir un comunicado aclaratorio en el que éste admitía que "la responsabilidad en su conjunto es siempre mía, esté en Israel o no".
La llamada Comisión Turkel fue creada a mediados de junio para investigar los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo, cuando comandos de elite israelíes interceptaron en aguas internacionales seis barcos de la Flotilla de la Libertad que pretendían romper el bloqueo marítimo a Gaza transportando ayuda humanitaria a la franja.
Nueve activistas murieron durante el abordaje militar a la nave turca Mavi Marmara, que transportaba a cientos de personas, algunas de las cuales atacaron con palos a los soldados que se dejaron caer sobre el barco desde helicópteros.
Israel estableció la comisión investigadora debido a las presiones internacionales y duras críticas que siguieron a la operación, que también le llevaron a suavizar el férreo bloqueo que mantiene desde verano de 2007 sobre la franja territorial palestina.
La semana pasada, Israel anunció que colaborará también con una investigación de los hechos impulsada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, encabezada por el ex primer ministro de Nueva Zelanda Geoffrey Palmer y el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe.
Sin embargo, el Estado judío rechazó su apoyo a la investigación impulsada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que considera sesgado en su contra, y que designó en junio a tres expertos para integrar una misión que estudie las posibles violaciones de derechos humanos cometidas durante el ataque.
