vitoria. Dos años después de que el Parlamento Vasco aprobara la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, el Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para poner en marcha una Ley estatal impulsada por el PP, consensuada con los socialistas y respaldada por toda la Cámara, que se basa en tres pilares: memoria, justicia y reparación. El texto fue presentado la semana pasada en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo, dos días después de que los diputados vascos Alfonso Alonso (PP) y Txiki Benegas (PSOE), acompañados por el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, comunicarán las líneas generales del Proyecto de Ley a medio centenar de asociaciones de damnificados por el terrorismo.

La principal novedad de la Ley de Víctimas que empezará a tramitar el Congreso, y que se pretende aprobar en diciembre para empezar a aplicarla en 2011, es la retroactividad. La norma vasca parte de la Ley de Amnistía de 1977, mientras que el borrador que han trabajado PP y PSOE retrocede hasta 1960, año en el que se cree que se produjo la primera víctima mortal de ETA.

Difieren además ambas normativas en su ámbito de aplicación. Mientras la Ley de Reparación de 2008 "se aplicará cuando los hechos se cometan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi o cuando, pese a haber acaecido fuera del mismo, la persona afectada estuviera domiciliada" en la CAV, la normativa española irá mucho más allá, de no ser modificada en este aspecto en el trámite parlamentario. Así, cualquier ciudadano español que sea víctima de un atentado en el extranjero, aunque no se trate de un ataque contra intereses españoles, estará cubierto por la Ley. Y al revés, los extranjeros que resulten involucrados en un atentado cometido en territorio español también se verán protegidos y asistidos por el Estado.

Las dos leyes, la estatal y la vasca, coinciden sin embargo en otros aspectos. Por ejemplo, en la atención integral a las víctimas, con lo que además de ofrecer ayudas económicas a los damnificados por atentados se contempla la asistencia en materia de vivienda, educación, atención psicológica o asistencia jurídica. También prevé la normativa española la protección y atención a los ciudadanos amenazados por el terrorismo. Este aspecto también figura en la normativa vasca, aunque a falta de aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley, y pese a llevar dos años vigente, ésta es muy vaga en cuestiones como la de las víctimas de violencia de persecución. En ese sentido, el portavoz de Zaitu, la asociación de personas amenazadas en Euskadi, valora muy positivamente el texto presentado en Madrid. Joseba Markaida, que asistió a la exposición a las asociaciones de víctimas del proyecto, cree que éste es "menos filosófico que la Ley vasca, que no va a las cuestiones concretas".

Por otro lado, ambas normativas aluden a la retirada de carteles, placas de calles y otros símbolos relacionados con el terrorismo, que en Euskadi aplica el Departamento de Interior desde hace un año. La Ley de 2008 habla en ese sentido de "evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole". El texto que se debatirá en el Congreso prevé, por su parte, la retirada de placas, monumentos y toda simbología que atente contra la dignidad de las víctimas. Y como sucede con la Ley vasca, no se limita a reconocer a las de ETA, sino que recoge también a las del GAL y otros grupos terroristas.

Además, la Ley de Reparación vasca promueve "la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimación y represalia". El Proyecto de Ley del Congreso exime a las víctimas de tener que enfrentarse cara a cara con los imputados en los juicios, e incluso plantea la creación de una oficina de apoyo a los damnificados por el terrorismo en la Audiencia Nacional.

El Proyecto de Ley de PP y PSOE también prevé la reserva de plazas en las oposiciones a las víctimas, al igual que la normativa vasca, aunque su aplicación efectiva choca con el Estatuto Básico del Empleado Público. Por otro lado, el acogerse a la Ley vasca no impide solicitar también las ayudas del Estado, siempre que la suma de las mismas no suponga la superación del importe del daño causado.