madrid. El presidente del Gobierno de Castilla La Mancha, el socialista José María Barreda, anunció ayer que va a pedir al presidente de las Cortes de aquella comunidad, Francisco Pardo, que convoque un pleno extraordinario a fin de discutir lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, y "plantear la retirada" de la reforma del Estatuto de autonomía. La causa alegada por Barreda es el veto del PP a aprobar el texto mientras este defienda como un "derecho", y no un "deseo" la preferencia del reparto del agua (se habla de 4.000 hectómetros cúbicos al año) en el trasvase del Tajo-Segura.
Así lo adelantó el presidente en una declaración institucional al término de la Comisión Constitucional del Congreso, en la que aseguró que la última propuesta realizada por el PP mediante una enmienda transaccional era "humillante e inaceptable", porque suponía retirar del texto la referencia a la reserva hidráulica para Castilla La Mancha, y su preferencia en el uso del agua, algo que calificó de "excesivo". El quiz de la cuestión desde el punto de vista político es que si los populares apoyan los derechos hidráulicos contenidos en el texto que defiende el Gobierno de Castilla La Mancha (en manos del PSOE), interpretan que es en detrimento de las aspiraciones que, sobre ese mismo agua (el trasvase Tajo-Segura), tienen tanto la Comunidad Valenciana como Murcia (en manos del PP).
Según la última oferta del PP en el Congreso, los 4.000 hectómetros cúbicos quedarían reflejados en el estatuto como un "deseo" de la Junta de Castilla-La Mancha pero al mismo tiempo se suprimirían todas las referencias a "derechos preferentes que pudieran ser interpretados como un ataque a las comunidades receptoras del trasvase Tajo-Segura".
