vitoria. El 19 de junio de 2008, el Parlamento Vasco vivió un hecho histórico. Todos los grupos de la Cámara salvo EHAK lograron aparcar sus diferencias y dieron su voto favorable a la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo, un texto que supuso el portazo oficial y definitivo a la política de ninguneo institucional a la que durante décadas se vieron sometidos quienes padecieron en Euskadi las consecuencias de la violencia política.
Navarra prepara ahora su propio texto, un documento que parte de una propuesta del PSN y que a estas alturas ya ha sobrepasado el trámite de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. Resta únicamente su aprobación en el Pleno de la Cámara iruindarra, aunque en este caso el apoyo recabado no será tan amplio como el cosechado en Euskadi por su Ley de Víctimas. NaBai, con doce parlamentarios, los mismos que el PSN, se opondrá en la votación -con la excepción del voto a favor del representante de Batzarre- de un texto que no refleja ninguna de sus enmiendas, basadas en su mayor parte en la ley vasca y en algunos casos en la andaluza, las dos únicas legislaciones sobre víctimas aprobadas en el Estado.
La definición de víctima, un concepto que tampoco ha sido sencillo acotar en Euskadi ni en ninguna otra parte, ha sido la causa principal del disenso de los nacionalistas. La propuesta del PSN se refiere a "las víctimas del terrorismo en general y, en Navarra en particular, a las víctimas del terrorismo de ETA", después de haber sido aceptada la enmienda propuesta por UPN al respecto. NaBai, por boca de su portavoz parlamentario y líder de Aralar, Patxi Zabaleta, aseguró en la Comisión que el planteamiento legal de PSN y UPN "excluye a unas violencias y a unas víctimas con respecto a otras violencias y a otras víctimas".
Los socialistas replicaron a Zabaleta afirmando que no tiene "empatía" por las personas escoltadas, y mantuvieron la puntualización planteada por los regionalistas que fija a los damnificados por ETA como principales beneficiarios de la futura normativa. Los nacionalistas querían recoger bajo la nueva legislación a todas las víctimas de ETA, GAL, de otras organizaciones armadas y de "todos los excesos cometidos por la violencia utilizada con motivaciones políticas". Sin embargo, ninguna de sus aportaciones fueron aceptadas, mientras que se recogieron 30 enmiendas de UPN, tres de los socialistas, 8 de CDN y dos de IUN.
Aralar ha sido precisamente una de las formaciones que más hincapié hizo en la CAV para que la cobertura legal abarque al mayor número de víctimas posible. En ese sentido, la formación presentó el año pasado una proposición en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que instaba a Lakua a reconocer al centenar de víctimas de la violencia parapolicial en los años 70 y principios de los 80, que obtuvo un unánime e inesperado respaldo.
En todo caso, la Ley de Reparación vasca atiende a "aquellas personas que sufran o hayan sufrido la acción terrorista o la acción de personas que, integradas en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Será aplicable igualmente aun cuando los responsables de esas acciones no estén formalmente integrados en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo propósito".
En la práctica, este segundo artículo de la Ley recoge bajo su protección a las víctimas de ETA, del GAL, del BVE, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas y del resto de grupos violentos que operaban en Euskadi hace tres décadas. Además de definir el concepto de víctima, la propuesta navarra establece los requisitos que se exigirán a esos damnificados. Así, para acceder a las subvenciones, el afectado debe "presentar denuncia y acreditar que los daños se han producido por un acto terrorista". Esa acreditación la deberán certificar "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Delegación de Gobierno, la autoridad judicial o la Administración".
En el caso vasco, "no se requerirá aportación documental para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la administración actuante", y las solicitudes se centralizan en la Oficina de Atención a las Víctimas. La Ley de 2008 insta además a las instituciones a actuar con celeridad en el trámite de las solicitudes, habida cuenta de "la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que puedan encontrarse" estas personas.
Las peticiones de ayudas se contestan en Euskadi en un plazo de máximo de seis meses, prorrogable como mucho a otros tres meses, y reducido a dos en caso de que se trate de la instalación de sistemas de seguridad en vehículos, por evidentes razones de urgencia.
La Ley Vasca pormenoriza, por otra parte, en el tipo de ayudas que concede el Gobierno a los damnificados por el terrorismo. Así, se subvenciona la reparación de viviendas, vehículos, sedes de partidos o locales comerciales dañados en atentado, se sufraga la instalación de sistemas de seguridad en vehículos, se paga la adaptación de viviendas para personas con problemas de movilidad como consecuencia de una acción terrorista, y se presta ayudas a la formación y el empleo.
El texto presentado por el PSN y respaldado por UPN entra también en el detalle del tipo de ayudas que han de recibir las víctimas del terrorismo. Así, se prevén cuatro tipos de asistencia: indemnizaciones por daños físicos y psíquicos, asistencia en materia de salud, en formación, en vivienda y en el ámbito laboral; y otras subvenciones que reglamentariamente se establezcan. Además, al igual que ocurre en Euskadi con el recién constituido Consejo de Participación de las Víctimas, en Navarra se creará una Comisión de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en el que las asociaciones de damnificados por los atentados tendrán voz, pero en ningún caso voto.
