nazario oleaga

decano del colegio de abogados de bizkaia

"Ha quedado todo desmontado; suele pasar con acusaciones que son políticas"

En 2003, el Colegio de Abogados de Bizkaia alzó su voz para denunciar lo que ahora ha sentenciado la Audiencia Nacional. Su decano, Nazario Oleaga, recuerda que fueron muy criticados por su apoyo a los encausados pero subraya que el juez les ha dado ahora la razón.

javier núñez

bilbao. ¿Cómo valora la sentencia?

Es clarísima y jurídicamente no tiene ningún reproche. Lo que estaba en cuestión era el cierre del periódico, porque por lo que respecta a las conductas de los acusados, nadie en su sano juicio podía mantener que eran reprochables.

En la sentencia se asegura que el cierre de "Egunkaria" no tenía cabida constitucional.

Lo dijimos en 2003. El Colegio de Abogados de Bizkaia aseguró entonces que "desde el punto de vista jurídico la medida cautelar de cierre del periódico es ilegitima, inconstitucional, injusta, arbitraria, desproporcionada, gravemente lesiva con multitud de personas y grupos ajenos a los hechos investigados que no tienen la obligación jurídica de soportar esos recortes de sus libertades y derechos".

Ustedes recibieron muchas críticas por su postura.

Fue como esa barbaridad social por la que se dice que la mujer debe estar en la cocina. Algunos creen que los abogados deben estar en los juicios y no opinar, pero como colectivo tenemos una responsabilidad importante. El entonces vocal para Euskadi del Consejo General del Poder Judicial, Juan Pablo González, dijo una serie de inconsistencias que al cabo de los años se han demostrado como tal. Al final quien sale mal parado es quien hace esas manifestaciones.

Hay quien dice que se ha hecho justicia, pero siete años después.

Aunque sea habitual, no puede ser normal y nos tenemos que revelar siempre ante estos retrasos que han ocasionado perjuicios gravísimos. La justicia a destiempo, y no sé si decir algo tan serio, es menos justicia. Todo es reparable con dinero, pero no es reparable al cabo de siete años. Es un juicio que nunca se tenía que haber abierto y menos después de que el fiscal renunciara a acusar.

Ahí es donde entraron en juego asociaciones como Dignidad y Justicia.

Personalmente soy partidario de la posibilidad de que los particulares, y cuando la Fiscalía no acusa, podamos hacerlo. Es uno de los grandes éxitos de la democracia. Lo que ocurre es que desgraciadamente estamos asistiendo a muchos casos en los que se está haciendo un uso totalmente espurio de esa situación. Llegará un momento en el que se deberá decir: "Basta ya". No pueden ser siempre los mismos quienes, y por cuestiones extra jurídicas, mantengan abiertos unos procesamientos totalmente ficticios.

La sentencia es clara, algo que agradece quien es profano en leyes.

Hay párrafos muy duros como cuando se refiere a los malos tratos y torturas. Esta sala y este magistrado, Gómez Bermúdez, nos tienen acostumbrados a aclarar sus sentencias. Es muy fácil de seguir para los profanos. Hay que tener en cuenta que las sentencias no están hechas para nosotros, los profesionales, sino para aquellas personas que se les haya imputado algún delito y tienen que entender por qué se les condena o se les absuelve.

En la sentencia se reprocha también la actuación de los considerados peritos de la Guardia Civil.

Hay un párrafo en el que se señala que no por ser guardia civil no puede ser perito, pero no todos los peritos van a tener que ser guardias civiles. La verdad es que no salen bien parados. A los informes no se les da la categoría de pericias. Viene a explicar la diferencia entre un perito y un testigo. Un testigo es insustituible en tanto en cuanto tiene el valor presencial de algo, pero el perito con su conocimiento va a ilustrar al tribunal sobre algunos extremos que no alcanza. El tribunal dice que en todos sus informes no existe nada que no hubiese podido conseguir el tribunal por su cuenta. Al final todo ha quedado desmontado; suele pasar así con acusaciones que no son jurídicas y sí políticas.

A su juicio, ¿quiénes salen peor parados con la sentencia?

Queda claro que la instrucción del juez del Olmo fue absolutamente penosa. Así, más que hablar de los acusados, en la sentencia se reprende al juez instructor, a la Guardia Civil por sus investigaciones y a las asociaciones que emprendieron las acusaciones populares.

¿Qué va a pasar ahora?

He leído que una de las dos acusaciones habla de 60 millones en indemnizaciones y que será para financiar a ETA. Es una manifestación que me parece delictiva, mucho más de lo que han sido las actuaciones de los que ellos han venido acusando. La situación en la que han vivido estas cinco personas a las que se acusó de terroristas es muy complicada. No hay dinero en el mundo para pagar su sufrimiento.

su frase

"La sentencia reprende al juez instructor,

a la Guardia Civil

y a las acusaciones populares"

Nazario Oleaga, en su despacho. Foto: oskar montero