BILBAO. López se refirió a los casos como Egunkaria o el de Baltasar Garzón para realizar "una reflexión general" sobre la situación de la Justicia y señaló que "en un Estado de Derecho, uno tiene que tener confianza en la Justicia".

"Porque, en definitiva, los jueces son los garantes últimos de los derechos fundamentales y de las libertades de los ciudadanos, eso no quiere decir que estén exentos de errores y libres de críticas", destacó.

A su juicio, "el ejemplo claro" es el de Egunkaria, y apuntó que "había un principio fundamental en la Constitución" que decía que no se podía cerrar ningún periódico ni ningún medio de comunicación sino era "bajo una sentencia firme".

"Y aquí, sin sentencia firme, se cerró un periódico, y ha estado siete años pendiente de una sentencia, que, al final, ha sido absolutoria, y eso es un ataque directo a la libertad de expresión, de información, uno de los derechos fundamentales básicos de los ciudadanos de este país, y por lo tanto, es un ataque al propio Estado de Derecho que se hizo sin fundamento sólido, como se ve en una sentencia absolutamente contundente en este sentido", dijo.

Además, señaló que le preocupa otra cuestión en este contexto porque "este país es muy dado a intentar adoptar medidas sobre casos concretos y en caliente", en referencia a la acusación popular. "Porque son las acusaciones populares las que están manteniendo ahora los conflictos en la Justicia y lo digo con conocimiento de causa porque una acusación popular me sentó a mí en un banquillo", dijo en referencia al juicio por la reunión que mantuvo en 2006 con miembros de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegi.

En este sentido, destacó que la acusación popular "es uno de los grandes logros y una de las grandes conquistas de la democracia, es la vía que tienen los ciudadanos para defender se ante los poderosos, y da igual que el poderoso sea el propio Estado". "En ese sentido, España es uno de los países más avanzados de todas las democracias conocidas", señaló.

En su opinión, "el problema es cuando se utiliza perversamente esa acusación popular, como estamos viendo ahora, y se utiliza por un sindicato, entre comillas, 'de extrema derecha, fascista, y que todos conocemos".

"Y ahí es donde deben entrar los jueces, frenar esta utilización perversa de uno de los grandes logros del sistema democrático en este país. Y, desgraciadamente, en algunos casos no lo han hecho, sino que lo han avalado", aseveró.