BILBAO. Las Asociaciones de víctimas formarán parte de la comisión de seguimiento del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, una reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Su asistencia se canalizará a través del Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo que contempla la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, que ha desarrollado el Departamento vasco de Interior.
La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, realizó este anuncio a través de una respuesta por escrito a una pregunta realizada por la parlamentaria del PP vasco Mari Mar Blanco.
El Gobierno vasco remitió a finales del pasado mes de marzo a los grupos parlamentarios el documento "Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia (2010-2011)", en lo que supone una reformulación del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del anterior Ejecutivo (2008-2011)
En él, además de preverse el testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas vascas, se reclama a "todos los agentes vascos", incluido el profesorado, que adopten "una postura clara y firme" contra ETA y no permitan "ningún planteamiento justificador" de la banda.
En ella estarán presentes las Asociaciones de Víctimas y su participación se canalizará a través del Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo que contempla la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, que ha desarrollado el Departamento vasco de Interior.
ACUERDO CON EITB
El texto, que ha sido remitido a los diferentes grupos de la Cámara vasca, destaca que será el lehendakari el que liderará este Plan y suscribirá un convenio con EiTB que conforme "el marco adecuado" para la colaboración entre el Gobierno y el ente público vasco para cumplir los objetivos del documento "Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia".
El Plan, recogido por Europa Press, pretende "la erradicación de planteamientos que persistan en legitimar la utilización de la violencia para conseguir cualquier objetivo político", y poner a disposición "de la sociedad, en general, y de las nuevas generaciones, en particular, recursos y destrezas" que les permita "cultivar los hábitos y actitudes éticamente saludables acordes con una cultura de tolerancia y de valores que es imprescindible promover y salvaguardar en una sociedad democrática y moralmente justa".
Con la reformulación del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del anterior Ejecutivo se quiere "propiciar un cambio de actitudes en el conjunto de la ciudadanía que asuma el sistema democrático como garantía de convivencia en libertad" y constituir "una puerta de entrada imprescindible para una verdadera y auténtica educación en valores éticos y democráticos".
El Gobierno vasco tiene como objetivo "extender la actuación del Plan a todos los ámbitos de la vida social, empezando por el sistema educativo, pero abarcando también el entramado asociativo, la familia y los medios de comunicación públicos".
Será la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo la que se responsabilice de "la calidad e idoneidad de los testimonios que se ofrezcan en las distintas experiencias que puedan llevarse a efecto en el sistema educativo".
Su intervención no sería "un hecho aislado, sino que se insertará en un proceso pedagógico global, con sus correspondientes actividades, que estará focalizado y vitalizado" por los diferentes modos de "presencia de las víctimas".
El texto recuerda que "el educador no debe ser neutral" ante el terrorismo, sino que tiene que buscar el momento y el proceso pedagógico "más conveniente a fin de que pueda ser mejor acogido" con el fin de "sostener con nitidez la ilegitimidad moral de toda legitimación del terrorismo".
El Gobierno vasco prevé la modificación el currículo de Educación para la Ciudadanía con el fin de incorporar estos contenido y que entraría en vigor para el curso 2010-2011.
