Bruselas es una ciudad relativamente pequeña. Sus calles no tienen nada que ver con las amplias y largas avenidas de París o Madrid. Pero en sus poco más de 160 kilómetros cuadrados, cuatro veces más pequeña que Madrid, acoge más de 160 embajadas, el cuartel general de la OTAN y las principales instituciones europeas, que suman entre todos ellos más de 50.000 funcionarios.
Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que por ejemplo en Euskadi, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay un total de 108.000 empleados públicos, de los que poco más de 60.000 funcionarios trabajan en el Gobierno Vasco.
La diferencia, sin duda, está en los sueldos y en los privilegios que lleva aparejado trabajar tan lejos del terruño para este exclusivo club.
Por ejemplo, un asistente o un técnico recién contratado por la Comisión Europea, sin hijos a su cargo, recibe como mínimo 2.300 euros brutos al mes, lo mismo que cobra de media un funcionario vasco.
Sin embargo, con beneficios y experiencia en la casa, esta cifra puede ir engordando con los años hasta alcanzar más de un millón de las antiguas pesetas.
En el caso de un jefe de unidad o director su paga puede superar los 16.000 euros. Por encima de esta cifra sólo cobran los comisarios que se embolsan cada mes casi 20.000 euros, los vicepresidentes de la Comisión Europea, cargo que ocupará dentro de poco Joaquín Almunia, que reciben una nómina de 22.100 euros, y el presidente del Ejecutivo que gana más de 24.000 euros.
Pero el sueldo base es simplemente el punto de partida. Si alguno de estos empleados públicos se ha tenido que desplazar desde cualquier punto de la geografía europea, cabe destacar que tiene derecho a percibir un 16% más de dinero por el mero hecho de ser expatriado, una cifra que nunca es inferior a los 442 euros mensuales.
En el caso de que tenga familia también puede recibir una ayuda por hijo, por vivienda y educación para cubrir el coste de estas necesidades, un seguro médico por enfermedad, una baja por maternidad de hasta 20 semanas, guardería en el centro de trabajo y hasta un comedor subvencionado en el que el precio de una comida ronda los seis euros. Y, además, cuando se jubilan, normalmente a los 63 años de edad, siguen percibiendo hasta el 70% de la nómina.
Guerra abierta
La subida salarial de 2010
Semejantes condiciones de trabajo, pese a que algunas empresas privadas ofrecen mejores incentivos y salarios más elevados para atraer a los altos ejecutivos, han quedado más en evidencia que nunca tras la guerra abierta entre algunos gobiernos europeos y los propios funcionarios por la subida salarial de 2010.
Según la fórmula vigente, el cálculo se realiza teniendo en cuenta el incremento salarial de los funcionarios de ocho estados miembros -Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, España e Italia- más el alza de los precios en la capital comunitaria que incluye, por ejemplo, el coste de la vivienda. Todo ello en base a la evolución en un periodo interanual que termina el 1 de julio del año precedente a la revisión.
Esto significa que los trabajadores de las instituciones europeas tendrían que gozar este año de un aumento del 3,7% y que su sueldo no se vería afectado por la crisis económica que sí ha afectado a buena parte de las administraciones públicas europeas. El coste global ascendería a los 146 millones de euros. Algo absolutamente inaceptable en tiempos de crisis como el actual para los defensores de la austeridad, como Alemania. Tan férrea ha sido la oposición de los Veintisiete que pese a las manifestaciones y los paros convocados por los trabajadores poco antes de las vacaciones navideñas, los gobiernos decidieron limitar este incremento salarial al 1,85%.
Una decisión que la Comisión Europea considera toda una declaración de guerra que no ha pasado por alto y que, según anunció el pasado 6 de enero, llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
"Aquí de lo que hablamos es de respetar las reglas acordadas. No es una cuestión política", advertía la semana pasada una portavoz comunitaria. Política o no, lo cierto es que son muchos los gobiernos que sí han congelado el sueldo a sus funcionarios nacionales.
Así, ¿cuánto debería la Unión Europea pagar a los suyos?
La solución, antes del verano.
El país de los "servidores públicos"
UNO DE CADA TRES Empleados de BÉLGICA es funcionario, frente a la media europea de uno de cada cinco
Bruselas. Bélgica no es sólo el centro neurálgico de las instituciones europeas. Es también el país de la UE con el mayor número de ministros, más parlamentarios y más funcionarios al servicio de las numerosas administraciones y sociedades públicas que hacen funcionar las tres regiones en las que se divide el país: Flandes, Valonia y Bruselas capital.
Y es que en este pequeño país centroeuropeo, cuna de Tintín, del chocolate, de la cerveza y de los mejillones y patatas, uno de cada tres trabajadores recibe su nómina del dinero que pagan los contribuyentes, frente a una media europea que sitúa el nivel de trabajadores públicos en uno de cada cinco.
Las cifras oficiales sitúan el número de "servidores públicos" que trabajan en la Administración, la educación y la sanidad en torno a los 800.000, aunque si se suman los trabajadores indirectos de algunas sociedades públicas la cifra se eleva, según algunos estudios, hasta 1,4 millones de personas.
Lejos de decrecer el número de funcionarios públicos, habría aumentando un 8% en los últimos años para nutrir las necesidades de los ayuntamientos y administraciones comunales y regionales. Todo esto hace también que la Administración belga sea la más costosa de toda Europa. Sólo en 2006, las arcas belgas destinaron 7.500 millones de euros para pagar esta ingente cantidad de personal.
