LA sociedad catalana está agitada: algo importante se cuece entre sus calles. Los partidos políticos ya no son los protagonista de la causa, son los propios ciudadanos los que se movilizan, los que se organizan, los que dan mítines, los que piden el voto por las calles y enganchan chapas en las solapas. El 13 de diciembre los catalanes van a dar otro paso adelante hacia un anhelo histórico: un estado propio.
El objetivo ya no es el reto de realizar un referéndum sobre la independencia de Catalunya -esto ya quedó superado en Arenys de Munt con una organización incontestable por parte de los agentes contrarios a la celebración de la consulta-, sino conseguir la máxima participación posible en un evento con tanta significación política para lanzar un mensaje consistente a la sociedad civil y política: la nación catalana está preparada y desea ejercer su derecho a la autodeterminación y a la independencia política. Ése es el horizonte que se marcaron las principales formaciones ciudadanas que conformaron en octubre la Coordinadora Nacional de Consultes per la Independencia, ente encargado de organizar, aconsejar y respaldar a todos aquellos municipios que decidan sumarse a la causa y realizar una consulta soberanista entre sus vecinos.
En realidad son ya 223 las poblaciones que han aprobado la moción de censura necesaria para llevar a cabo el referéndum, entre ellas Girona, la primera capital de provincia en apoyar la consulta popular. Esta cifra no ha dejado de crecer desde que se puso en marcha la Coordinadora. Todos aquellos pueblos que desearan participar han podido hacerlo siguiendo una serie de pautas conjuntas para evitar que el poder judicial pueda invalidar alguna de las consultas, tal y como había amenazado la Abogacía del Estado que haría si encontraba el más mínimo resquicio para actuar. El proceso a seguir es el mismo que utilizó Arenys de Munt: una moción en el ayuntamiento propuesta por una entidad privada ajena a las instituciones públicas (de hecho ofrecen una moción estándar en la pagina web de la Coordinadora), uso de un censo del municipio detallando la población mayor de 16 años -edad mínima requerida para ejercer el derecho a decidir- y uso de un sistema de verificación de datos que no induzca a errores a la hora de hacer el recuento de votos.
Siguiendo estos sencillos pasos 161 poblaciones catalanas realizarán el próximo 13 de diciembre la primera oleada de consultas; las restantes deberán esperar a la segunda ola, prevista para el 25 de abril. El pueblo más pequeño de Catalunya, Sant Jaume de Frontanyà, en el Berguedà, que cuenta con 31 habitantes, conforma la única excepción de fechas, y realizará su consulta el día 12 de diciembre, siendo así el aperitivo de lo que vendrá 24 horas después. Según Uriel Beltrán, coordinador de grupos locales de la Coordinadora y diputado de ERC, la cifra supera las expectativas que la formación tenía previstas y añade un dato importante: en la ola del 13 de diciembre podrán votar 707.397 personas, "cifra que supera la población total de algunos países miembros de la Unión Europea como Malta o Luxemburgo".
La fecha señalada no es casual: la intención era realizar la consulta un día especial, con algún tipo de significación. El primer día que apareció en el calendario de los organizadores fue, por tanto el 6 de diciembre, día de la Constitución española. "La idea era retar al Estado en un día señalado para ellos" explica Josep Manel Ximenis, miembro de la Coordinadora y responsable de Voluntario y Formación. Pero en la práctica era una mala fecha, puesto que al ser fiesta mucha gente aprovecharía para hacer una escapada de fin de semana largo y el objetivo de conseguir la máxima participación se vería muy mermado. Por ese motivo escogieron el 13 de diciembre, porque siendo el más cercano a la fiesta de la Constitución sería más plausible conseguir un número más elevado de votos.
Repercusión internacional Las consultas sobre la independencia de Catalunya han llegado hasta el Parlamento Europeo. Algún eurodiputado como Bairbre de Brún, del Sinn Féin, mostró públicamente su apoyo a los referéndum catalanes, y Frieda Breopels, del partido Nieuw-Vlaamse Aliantie (N-VA) de Flandes, confirmó que enviarían cargos institucionales para que ejercieran de observadores durante el transcurso del día 13 en los distintos pueblos llamados a las urnas. El pasado 19 de noviembre el tema también alcanzó el Parlamento escocés cuando el ministro de Exteriores del país afirmó que se sentía muy atraído por todo lo que estaba sucediendo en Catalunya y que seguía con gran interés los acontecimientos. Esta situación en realidad ha sido buscada por los organizadores de las consultas, puesto que para que el evento tuviera la suficiente trascendencia debía atravesar fronteras. "Los referéndums son actos simbólicos, pero necesitamos que la comunidad internacional se haga eco de ello. La respuesta ha sido muy positiva e incluso desde Europa se han mostrado sorprendidos, pues conocían la causa catalana pero no sabían que llegara a tal magnitud", confesaba Ximenis a este medio.
Financiación popular Por otro lado está la cuestión logística y la financiación de todo el movimiento que se lleva a cabo. La Coordinadora calcula que habrá unas 15.000 personas de toda Catalunya trabajando como voluntarias para la celebración de los referéndums. Estas personas, además de su implicación personal y su tiempo, también pagan para que esto se lleve a cabo, ya que toda la financiación con la que cuentan los municipios se la deben proporcionar ellos mismos y ésta procede de la buchaca privada.
Otro ejemplo del grado de sensibilización entre la ciudadanía es el acto que se celebró en el Fórum de Barcelona el pasado 29 de noviembre, que dio por iniciada la campaña a favor del sí. Asistieron al acto 3.500 personas previo abono de la entrada al recinto que los organizadores cobraron para hacer frente al gasto del alquiler de la sala del recinto de conferencias de la Ciudad Condal.
En actos más modestos realizados en pequeñas poblaciones catalanas, la gente se las ingeniaba para llamar la atención de sus vecinos, con anzuelos generalmente gastronómicos: buñuelos y bizcochos son los que mejor resultado dan. Se calcula que si juntaran todo el dinero que se ha conseguido para celebrar los referéndums, se alcanzaría aproximadamente el medio millón de euros.
El horizonte de la Coordinadora empezará de nuevo tras el 13 de diciembre, cuando toque hacer balance de los resultados obtenidos hasta el momento y afrontar las consultas previstas para la primavera. En la reunión que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre se decidirán las nuevas fechas, que incluirán los municipios donde la moción ya se ha aprobado en los ayuntamientos, pero también en aquellos pueblos donde la moción ha sido rechazada, como por ejemplo en Lleida, Granollers o Sant Just d"Esvern. En esta última localidad reside José Montilla, presidente de la Generalitat, que sería llamado a las urnas si se lograra celebrar la consulta en su municipio, aunque el número uno del Govern català ya aseguró que no votaría porque no es nacionalista.
La Coordinadora considera que la consulta debería celebrarse en todos los pueblos de Catalunya y fija una fecha aproximada para el próximo mes de abril. "Hay que hacer llegar el derecho a decidir y a expresarse a todos los rincones de nuestro país, es lo más justo", sentencia Ximenis. Aún así, para él, uno de los que encabezó el referéndum de Arenys de Munt, "el mayor éxito ya lo hemos alcanzado con la movilización de la sociedad catalana". Y es que en los municipios los vecinos se han unido sin tener en cuenta los matices del color político de los partidos. Sólo tienen una idea en común: la independencia.
