na familia obtiene amparo del Tribunal Supremo a su demanda de que su hijo reciba clases en castellano en Catalunya mediante una fórmula -una cuota del 25% de las clases- que parece más orientada a asegurar la presencia relevante de la lengua castellana en la educación que de garantizar el conocimiento pleno de la misma por parte de los estudiantes. El debate es viejo y ha sido tradicionalmente manipulado por la argumentación de la derecha nacionalista española en un juego de suma cero respecto de las lenguas minorizadas durante décadas en el Estado: el castellano exige una vigencia, cuando no una supremacía a costa de reducirse la influencia, la vigencia y la sostenibilidad del euskera, el catalán o el gallego. Esa falacia solo se sostiene de espaldas a la realidad y mediante una campaña calculada de elevar el tono de la crispación de modo que los hechos objetivos queden sometidos a la voluntad de rescatar la uniformización cultural de la que hacía gala el Estado español preconstitucional. No existe un peligro objetivable de pérdida de difusión o uso del castellano en ningún territorio del Estado y sí hay una dificultad palpable de que las lenguas cooficiales hallen su lugar y su merecida protección en la vorágine de uso, producción y consumo de contenidos culturales y de ocio en castellano e inglés. Ocultando esa realidad se está desempeñando la derecha española -PP, Vox y el cada vez más residual Ciudadanos- con una polémica que debería haber movido al consenso y no a la manipulación. El acoso en redes sociales padecido por la familia de Canet es inadmisible, merece la condena más contundente y el reproche público. Tanto como el que padecen las expresiones de las culturas vasca, catalana o gallega, que no han merecido espacio en el debate público de sus señorías más que para reducir su visibilidad. El discurso de la crispación es una fórmula que trata de ahondar o directamente generar una división social para convertir en emblema de uso político lo que debería quedar resuelto por la vía de la unidad en torno a los derechos lingüísticos y culturales de la ciudadanía. De toda la ciudadanía. En su lugar, se aplica rodillo desde una posición cultural dominante que agrede, señala y criminaliza a las demás. El frente cultural del nacionalismo español ha tenido en la lengua su ariete y ahora enarbola la defensa del castellano frente a otro molino de viento que se hace pasar por gigante.