Era de prever. Sería un ingenuo si no hubiese contemplado el abanico de reacciones que la propuesta de modificación fiscal iba a tener por parte de quienes la reclamaban imperiosamente desde hace tiempo. Todo el mundo pedía una “reforma” pero nadie hacía el más mínimo ejercicio de remangarse y poner, una detrás de otra, las medidas que conjugaran el múltiple ejercicio de mejorar la justicia distributiva de rentas, la aportación de ingresos suficientes a las administraciones públicas y la necesidad de hacer atractivo un entorno para incentivar la actividad económica y la creación de empleo.
Era más fácil reclamar “cambios” que buscarlos. Era más sencillo descalificar que hacer un balance realista de lo existente e intentar dar con fórmulas de futuro que encararan las principales debilidades del sistema.
Lo sencillo era parlotear, exigir esto o lo otro. Hacer demagogia y populismo. Lo complicado era evaluar las medidas, indagar qué efecto tendría en la recaudación y saber a cuanta gente y cómo afectarían los cambios. Porque no perdamos de vista lo fundamental; que los impuestos afectan directamente a la vida de las personas –a su bienestar y estabilidad– y también a la capacidad que tienen las instituciones para prestar los servicios públicos que hacen la vida más fácil y digna a la ciudadanía.
Bajo esa doble premisa los actuales socios gubernamentales en Euskadi se propusieron desde hace tiempo hacer un diagnóstico del panorama tributario en vigor y, analizado éste, plantear medidas de lo mejoraran y fortalecieran de cara al futuro.
Así y tras meses de estudio y negociación, nacionalistas y socialistas llegaron a un acuerdo básico de cara a plantear una nueva normativa fiscal y tributaria para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Cada cual tenía sus prioridades y hasta el cuadro de planteamientos que, de acuerdo con su ideología, mejor encajara en la reforma. Pero, como en todo acuerdo, la necesidad de la sintonía atemperó las decisiones unilaterales para converger en puntos de encuentro que posibilitaran un consenso sólido.
A finales del pasado mes de septiembre, nacionalistas y socialistas sellaban su propuesta de actualización tributaria. Por el camino faltaba la elaboración de un proyecto articulado que compartir con el Gobierno vasco en el Órgano de Coordinación Tributaria y, posteriormente la aprobación del borrador de norma en los consejos de gobierno forales y el inicio de su tramitación con la exposición pública y la posterior remisión a las Juntas Generales para su debate y aprobación.
Esta pasada semana se han conocido –tras la comparecencia simultánea de las diputadas forales de Hacienda– las principales medidas contempladas en el acuerdo PNV-PSE. La propuesta armonizada pretende dar respuesta a desafíos comunes avanzando en la progresividad del sistema –que quienes más ganen más paguen–, apuntalando la apuesta por la innovación y el crecimiento económico y social con los nuevos retos sociales; desde el demográfico al de la fiscalidad verde pasando por el de la igualdad de género, la protección de los contribuyentes con las rentas más bajas, los jóvenes, la conciliación, la vivienda o las pensiones.
Son muchas las novedades incluidas en la propuesta, mejorando las prestaciones para las rentas más bajas –se incrementa hasta los 19.000 euros anuales el mínimo exento de declaración–, se penaliza a las más altas –se limita las bonificaciones en compra de vivienda a quienes ganen más de 85.000 euros– y se incrementa el marginal a pagar de las rentas del ahorro hasta el 27%. El resto de medidas pretende de afianzar y fortalecer a la clase media con incentivos al alquiler, la igualdad de género, la conciliación, el cuidados de mayores y menores, la emancipación de los jóvenes, la complementariedad de las pensiones de empleo o el impulso a la economía verde con bonificaciones a la mejora de la eficiencia energética o la renovación en las infraestructura y bienes favorecedores de la descarbonización y de la economía circular.
A pesar de las múltiples medidas incorporadas en este proyecto, las reacciones al mismo han sido las esperadas.
Del principal sindicato del país no esperábamos otra cosa. Todo lo que no sea una huelga es un “fraude” y, a su juicio, la reforma “agravará más la injusticia social “ ya que los “que más tienen pagarán entre poco o nada”. ELA, instalada en la radicalidad antisistémica -no han querido participar ni tan siquiera en la mesa del pacto vasco por la salud, aunque soterradamente haya pedido interlocución directa- abordará el proceso de aprobación de una nueva fiscalidad arengando a sus bases a manifestarse en la calle el próximo día 14 de diciembre.
Parecida respuesta ha sido la planteada por LAB que ha calificado la alternativa tributaria de “fuegos de artificio”. El resto de sindicatos han sido mucho más prudentes en relación al borrador conocido. Para CCOO, existen “luces y sombras”, y UGT ha valorado positivamente el aumento del umbral que hace obligatorio el pago del IRPF a 19.000 euros o los incentivos a las EPSV de empleo y las mejoras para el acceso al alquiler.
En el terreno político, EH Bildu sigue desarrollando una doble personalidad. Por un lado, Otxandiano sigue insistiendo en reivindicar una cierta voluntad de acuerdo, pero, desde los filtros comunicativos de su organización, se pone sordina a tal actitud. Para ellos –los ortodoxos–, lo importante es marcar perfil, remarcar las diferencias, minusvalorar los contenidos y ganar el relato de representar a una “izquierda comprometida”. Hay que descreditar y rechazar la validez de la reforma conocida. De ahí las respuestas de Iriarte (“se necesita una progresividad progresista”), Kortajarena o Casanova (“reforma fiscal en profundidad, nuevos ingresos, clases altas”).
Aunque a Otxandiano se le caiga el argumento, a EH Bildu le resultará sencillo desmarcarse de un acuerdo. Reutilizarán el mantra de los ricos y los pobres, reivindicarán modificaciones marginales que no conducirán a ningún sitio pero les revistirá de “coherentes” y pondrán un lazo a su discurso señalando acusadoramente a quienes apoyan al “oligopolio” de las “energéticas” y al “capital”.
En paralelo, callarán su inexplicable inacción en Nafarroa, donde han sido incapaces de reclamar, tan siquiera, aumentar el mínimo exento del IRPF al SMI (no a los 19.000 euros de la CAV) siendo en el viejo reyno obligatorio tributar a partir de los 14.000 euros. Complejos y complejines de quienes solo piensan en sacar pecho de progresía y de izquierda impulsando en el Estado un nuevo tributo dedicado a los seguros médicos (“en contra de la medicina privada” -dicen-) que castigue a miles de vascos y vascas -también votantes suyos- con pólizas tradicionales en el IMQ o en Lagunaro.
En el ámbito de la derecha, el ejercicio innovador llevado a cabo por nacionalistas y socialistas tampoco ha generado entusiasmo. Para la patronal y su representación sociológica y mediática, todo lo que no signifique una bajada de impuestos es “una oportunidad perdida”. Así lo ha expresado la cabecera de Vocento y su principal analista económico para quien la propuesta “defrauda” -hay que tener cuajo para utilizar tal término-. Su crítica, cómo no, se refiere al impuesto de Sociedades donde el “Greenspan” vasco propone copiar el modelo irlandés con un tipo impositivo del 12,5% –pronto subirán al 15%– frente al 24% en vigor en Euskadi. Neoliberalismo de libro.
El mismo pesimismo abandera el dirigente vasco del PP, Javier de Andrés, para quien “Euskadi ha perdido peso económico respecto a España” y no duda en decir que la modificación tributaria es una “oportunidad perdida” para beneficiar a las clases medias en Euskadi. “Lo que se hace es seguir exprimiendo al trabajador, al comerciante, al autónomo”. El acabose popular!
Veremos en las próximas semanas si este esfuerzo de modernización y mejora tributaria cuaja o si los “complejines” pretenden hacer descarrilar las medidas adoptadas. Si es así, será el momento en que tengan que explicar a los 335.000 vascos que no deberían realizar la declaración de la renta por qué no se pueden beneficiar de esta medida. Que expliquen a los miles de jóvenes que tampoco podrán verse favorecidos por las bonificaciones para alquilar o comprar una vivienda. O a quienes no puedan recibir una contraprestación por el cuidado de menores y dependientes. Que expliquen con claridad el por qué de la “oportunidad perdida”.
Miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV