El sector de la sanidad pública se lleva un buen pellizco del conjunto de nuestros impuestos. Y parece que nunca es suficiente. El problema fundamental reside en varios factores que se condicionan entre sí agravando el resultado. Apunto los que me parecen más importantes para centrarme en el que es objeto de esta reflexión.
En primer lugar, la innovación tecnológica aplicada a la medicina es constante y creciente. Es cierto que mejora la calidad sanitaria, pero no reduce el coste, aunque esta sea óptima. En la sanidad pública no hay un tope de gasto; al contrario, este tiende al infinito por la demanda creciente de los productos farmacéuticos y de los servicios sanitarios, gastos que se suman a la evolución tecnológica médica.
Otro factor que se acumula al coste global sanitario viene derivado de un problema social: se habla de lo sociosanitario en casos como la demanda psiquiátrica, mientras el incremento en la expectativa de vida supone atender más pacientes pluripatológicos.
Por último, y no menos importante a sumar a lo anterior, es que la sociedad consumista valora poco el coste los servicios públicos mientras exige –exigimos– la excelencia en la calidad del servicio prestado. No estamos en la cultura de que dicho servicio sanitario no es un saco sin fondo ante las necesidades crecientes del servicio. Todo el presupuesto sanitario público sale de los impuestos. Y aquí quería yo llegar para detenerme. A la vista del contexto global, resulta imprescindible una estrategia potente de comunicación que logre, entre otros objetivos, conocer el alcance de la prestación sanitaria ofertada, el nivel de calidad y el coste, sí, el precio de lo que consumimos en sanidad. Téngase en cuenta que el gasto sanitario de las CC.AA. supera el 90% del gasto sanitario de todo el Estado.
Es un problema de datos, pero también de percepciones, que requiere sensibilizar a la ciudadanía, no solo de lo que funciona mal y de lo que funciona bien por encima de la media, sino de hacerlo con algún detalle: el servicio que existe y el coste sanitario. ¿Quién conoce que cada hospital de la CAV tiene asociado un centro de investigación médica? ¿Y que el del hospital de Cruces es un edificio de varias plantas magníficamente equipado? Si ya estamos informados sobre el consumismo de fármacos, no parece mala praxis continuar en esta dirección.
Con todo lo anterior a la vista, me parece un acierto la iniciativa de Osakidetza de publicitar el coste efectivo de los servicios de salud como práctica de transparencia y buen gobierno. Bienvenida sea para evitar algunas críticas que provienen de una deficiente estrategia y operativa en la comunicación institucional que atañe directamente al ciudadano.
Tratar la información así es el camino necesario para cualquier sensibilización de los recursos que tenemos, que no son ilimitados. Las encuestas de calidad del servicio sobre la percepción que tiene el usuario de la atención recibida es algo necesario, pero insuficiente.
Naturalmente que hay errores, fallos y deficiencias en el servicio vasco que atiende la salud. Pero conocer la realidad mejor ajustará la capacidad de valoración del servicio sanitario. Es lo que ha faltado hasta ahora por una orfandad informativa en aspectos clave en el esfuerzo realizado, tanto en inversiones como en la praxis médica y la gestión del servicio.
Es solo un ejemplo. No olvidemos que la información en torno a la calidad y cantidad de los servicios públicos es uno de los mejores antídotos contra la alergia a pagar impuestos. Me alegro, pues, del esfuerzo informativo que se concreta en la web de Osakidetza, algo que necesita ampliarse y divulgar su existencia.
Con todo, parece necesario completar lo anterior con una praxis es la misma dirección: la información del gasto que se producido para atenderme una vez que recibo el alta del hospital… añadiendo la coletilla que refleje esta idea: “Ya está pagado gracias a nuestros impuestos”. Una especie de “factura informativa”. Lo que resulta fácil en un siniestro con una póliza de seguros de por medio, que sabes lo que te abonan por el siniestro, existe un rechazo frontal en algún sector sanitario que entiende contraproducente conocer el coste total de una operación de cadera, un parto, una urgencia o un proceso oncológico en un centro público.
Por último, la comparativa con la realidad cercana también cuenta. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es la que menos presupuesto sanitario destina per cápita (2023) por quinto año consecutivo, y además se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. La CAV y Navarra se mantienen en el grupo de cabeza del pelotón autonómico. En el caso de la CAV, incrementa en casi un 25% el presupuesto de salud respecto de 2019, último año prepandemia.
Los costes de la sanidad en todos los países son muy altos. De ahí que la frase “La salud no tiene precio, pero tiene un coste”, es para repensarla. Y para impulsar una estrategia de comunicación que informe y sensibilice sobre lo que cuesta el servicio sanitario. Es una buena manera de valorarlo.
Analista
