NA sentencia histórica falla que el pazo más famoso de Galicia no es de la familia Franco; es propiedad del Estado y no una posesión privada para el disfrute de los herederos del dictador gallego. La sentencia no es firme pues cabe recurso ante la Audiencia Provincial y después ante el Tribunal Supremo. Lo importante es que la jueza de Primera Instancia en A Coruña obliga a devolver el inmueble al patrimonio público sin posibilidad de reclamar indemnización alguna por la mala fe argumentada en la sentencia.
Mala fe, sí, ya que Franco acepta la donación del Pazo de Meirás por las autoridades coruñesas franquistas -previa compra a sus propietarios contando con donaciones forzadas por el miedo- en su calidad de jefe de Estado (1938). No obstante, esta donación no se elevó a escritura pública a pesar de que es un requisito para su validez jurídica. Posteriormente, el dictador otorga una escritura pública “con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno”.
Desde 1941, el palacio queda en manos del dictador para el veraneo con su familia como patrimonio robado. Pero lo que clarificó el camino de la devolución fue el hallazgo de un acta notarial de 1938 que demostraría que la compra del pazo por Franco había sido una compraventa simulada para hacerse con algo que no era suyo. Sobre este documento, el entonces gobierno socialista construyó la reclamación judicial de 2019. Quedaba así probado que el pazo se entregó al jefe del Estado y no al dictador a título particular, que la compraventa se hizo con una escritura “ficticia” para apoderarse del inmueble y de su idílico entorno sin pagar nada por ello y que fue mantenido con fondos públicos.
La familia Franco ya ha anunciado que recurrirá el fallo, pero esta resolución allana el camino para la devolución efectiva del inmueble al Estado como su legítimo propietario. Es cierto que las demandas no tardaron en aflorar tras la muerte del dictador, cuando la propiedad pasa a manos de sus herederos. Es triste recordar que nada serio se organizara en contra entre la sociedad gallega hasta la creación de la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica (2004), cuando este palacio de Meirás se convirtió en una cuestión social y política en forma de movilizaciones populares. Una parte importante de la explicación es la presencia política omnipresente de la derecha gallega fiel a sus orígenes. Han sido muchos millones de votos populares, elección tras elección, que han visualizado un claro desinterés por perjudicar a los Franco con la devolución.
En este sentido, el pazo no fue declarado Bien de Interés Cultural hasta 2011. Esto obligó a los Franco a pactar un convenio con la Xunta para garantizar su apertura al público, pero asumiendo el Gobierno gallego los costes derivados de las visitas y los daños que pudiesen producirse. El incumplimiento de la familia ha sido la norma y de manera desafiante, con numerosos expedientes administrativos que fueron cerrados sin sanción hasta que la presión popular logró que la Xunta gobernada por los populares asumiera que, si se demostraba que la adquisición había sido un expolio y no un regalo, sería factible la devolución.
Los Franco continuaron incumpliendo sus obligaciones y delegaron la gestión de las visitas a la Fundación Franco mientras intentaban deshacerse de la finca de casi siete hectáreas en 2018 poniendo el inmueble y sus preciosos terrenos a la venta por ocho millones de euros. Este exceso de arrogancia no hizo más que avivar la reivindicación social generalizada.
Esta importante sentencia abre la puerta a que otros inmuebles y piezas de gran valor de la familia Franco, que también están recurridos y demandados, puedan ser reclamados argumentando haber sido adquiridos de manera ilegal. Por ejemplo, algunas esculturas del Pórtico de la Gloria, esculpidas en 1188 para la catedral de Santiago. Los Franco defienden que fueron supuestos regalos cuando solo fue un capricho de Carmen Polo.
Las esculturas fueron compradas en 1948 por el Ayuntamiento de Santiago pasando a ser patrimonio público de la ciudad. Eso facilitó que pasasen a ser propiedad de los Franco legalmente como un “regalo” del pueblo a través de su consistorio. Es sangrante, pero Vox logró 52 diputados siendo los herederos naturales del franquismo.
La siguiente infamia parece ser la del emérito Juan Carlos.
* Analista
