ya tenemos aquí la sentencia que disgusta más a unos que a otros, porque a nadie le gusta. Para los indepes, la resolución judicial es un abuso español, una venganza en toda regla, un maltrato generalizado y hasta una flagrante vulneración de los derechos humanos. Para los, digamos, unionistas españoles, la adjudicación de condenas es definitivamente insuficiente, floja, carente del vigor que merecía la afrenta catalana. Lo de respetar y acatar el buen juicio de sus señorías se quedó hace mucho tiempo en agua de borrajas. Normal. No es sensato esperar que la gente acepte sin más un revés. Lo que a algunos puristas les parece inconcebible es, a mi modo de ver, perfectamente comprensible. De todos modos, esto da un poco igual ahora. Lo importante, para arreglar las cosas, no es tanto averiguar quién tiene razón, o la culpa, como qué hacemos para ponernos de acuerdo y convivir. Y de eso no oigo hablar a nadie o a casi nadie. Escucho a Casado y Rivera reclamar la recentralización de las competencias penitenciarias para evitar que los pérfidos catalanes otorguen el tercer grado a los condenados. Y veo a Puigdemont y Torra llamar a la sublevación popular, eso sí, con la boca más pequeña. Seguimos parecido, con presos políticos o con políticos presos. Si alguien piensa que ya está solucionado va listo.