La Audiencia Provincial de Araba da inicio hoy al juicio oral por el denominado caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la que están encausadas 26 personas, incluido quien da nombre al proceso, Alfredo de Miguel, principal acusado y líder de la supuesta red. El mismo arranque del caso -con la detención, registro de su domicilio y declaración durante varias horas de quien fuera diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de la Diputación alavesa-, la magnitud del macroproceso -con más de una veintena de imputados-, la inexplicable lentitud de las actuaciones judiciales y, sobre todo, la vinculación más o menos estrecha de los acusados con el PNV en el momento de los hechos han dado al caso más dimensión mediática y política que jurídica -el presunto quebranto de los delitos juzgados a las arcas públicas se limita a 260.000 euros-. Un caso que, decidan lo que decidan los magistrados en su sentencia tras el juicio, ha sido ya utilizado durante ocho años por determinados partidos y medios de comunicación para tratar de implicar de manera directa al PNV en un ficticio caso de corrupción política e incluso de financiación ilegal de la formación jeltzale. Extremos todos ellos descartados por la instrucción, que desemboca en un juicio oral sobre unos actos llevados a cabo con carácter individual presuntamente para el lucro particular -sobre los que sigue en vigor la presunción de inocencia, aunque algunas voces pretendan obviarlo- sin indicación o autorización del partido jeltzale y a espaldas de sus dirigentes. Es más, la rápida intervención del PNV en cuanto se inició el proceso y se conocieron las acusaciones, con el cese fulminante de los presuntos implicados de sus responsabilidades públicas y en el partido, y la exigencia de que entregaran el carné de militantes -lo que todos los que eran afiliados hicieron- ha supuesto un ejemplo de actuación preventiva, referencia como norma de conducta anticorrupción. Por otra parte, ocho años para llegar a una vista oral que puede durar más de diez meses es un tiempo a todas luces excesivo, que facilita la explotación política del caso. La Justicia deberá poner freno al insistente ventilador, político y mediático, que pretende diluir los acreditados casos de corrupción de algunos partidos entre acusaciones infundadas a otros.