El último informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado La búsqueda de la igualdad de género: una batalla cuesta arriba, resulta demoledor respecto a los escasísimos avances experimentados en la mayoría de países en la irrenunciable tarea de que los poderes públicos garanticen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Según este estudio, los avances que han tenido lugar en los últimos cinco años -fecha del análisis anterior- son, por decirlo de manera clara, pocos y muy lentos. Es cierto que ha habido algunos progresos en esta materia -lo contrario sería totalmente inaudito- pero la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental e irrenunciable que afecta a aproximadamente la mitad de la población, más allá de que, además, su implementación supondría de hecho un beneficio de primera magnitud en todos los órdenes sociales, incluido el económico. El tirón de orejas de la OCDE a toda la comunidad internacional no puede, por tanto, caer en saco roto. “Persisten las diferencias entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social y económica entre países, y el tamaño de esas brechas ha cambiado poco en los últimos años”, insiste el informe de la organización. El vergonzante dato, corroborado por este estudio, de que el sueldo de las mujeres es un 15% menor al de sus compañeros masculinos es sencillamente inaceptable desde el punto de vista ético y social y supone un serio obstáculo para el bienestar general. Es sangrante que los países involucrados hayan hecho tan escasos y tan poco eficaces esfuerzos en una lucha que debe ser una prioridad absoluta en las políticas públicas. La propia OCDE ya había señalado un lustro antes esta necesidad, que supone en sí misma un claro beneficio para toda la sociedad. Es necesario señalar que, aunque aún queda mucho trabajo, no todo se ha hecho mal. Por ejemplo, un estudio del Eustat señalaba en 2016 que Euskadi estaba muy por encima de la media de Europa en igualdad, situándose en el quinto lugar de los países más igualitarios, solo por detrás de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. Una prueba más de que las políticas públicas -Ley vasca de Igualdad, así como planes de implementación a través de Emakunde- dan sus frutos. Queda, por tanto, el reto de acelerar aún más y de manera urgente el proceso hacia una igualdad real y efectiva.
