El atasco en las últimas semanas en el aeropuerto de El Prat ha hecho aflorar un problema que se venía gestando y que requiere de una solución sectorial y no coyuntural. Antes que el de Barcelona, los aeropuertos de Madrid o Palma estuvieron en el ojo del huracán el pasado mes de julio pero la negociación con las empresas adjudicatarias del servicio de control de accesos logró acuerdos. La llegada de las empresas privadas de seguridad a los aeropuertos de AENA comenzó en la década pasada. Seguía una tendencia establecida en otros aeródromos europeos que paulatinamente fueron sustituyendo a sus respectivas policías por seguridad privada. Este mismo año AENA ha incorporado los aeropuertos vascos. El problema no resuelto es el equilibrio entre la creciente obsesión por la seguridad aérea que se ha venido dando desde entonces en todo el mundo por la amenaza terrorista y la cobertura de recursos destinados por la agencia gestora de los aeropuertos españoles, que se encuentra a su vez a medio privatizar. Si la prioridad de la seguridad pública hubiera sido el eje sobre el que tomar decisiones, quizá AENA habría aplicado el criterio que hace que, en Estados Unidos, sólo once de los 500 aeropuertos del país tengan sus servicio de control de acceso de pasajeros en manos privadas. El resto, sigue siendo gestionado por una agencia federal específica dependiente del departamento de Seguridad Nacional. Una vez dado el paso de abrir el servicio a la actividad privada, el otro elemento clave es la sostenibilidad del mismo en términos de seguridad, pero también en términos de costes y derechos laborales. El caos de El Prat es prototípico de los problemas que se pueden dar: fue adjudicado a una empresa que licitó medio millón de euros más barato que el precio de salida marcado por la propia AENA, lo que la deja sin margen para negociar con su personal porque ese dinero lo redujo para asegurarse el contrato; carece de una estructura de personal acorde a la realidad de género del pasaje, lo que impide mantener turnos normales a las empleadas; y pone la seguridad aérea en manos de personal con remuneración como técnicos de baja cualificación pero alta exigencia. El absurdo de sacar a la Guardia Civil de los controles de pasajeros para acabar recurriendo ahora a ella para intervenir en un conflicto laboral habla por sí solo.
