Era de suponer la dificultad para el tribunal que juzgaba en la Audiencia Nacional el caso de las herriko tabernas de sustraerse al momento en que se inició el procedimiento, con la apertura del sumario de instrucción en 2002 por parte Baltasar Garzón, en plena efervescencia de la teoría del todo es ETA, apadrinada por el hoy defenestrado magistrado, quien renegaba de ella en primera persona hace no demasiado. El momento marcó el inicio de la actuación judicial contra la izquierda abertzale que concluyó con la ilegalización de sus estructuras políticas mediante sentencia administrativa del Tribunal Supremo. Lo sorprendente de la sentencia conocida ayer está precisamente en que destila la lógica política de aquellos días en los que ningún tribunal se atrevió a establecer un supuesto penal de consideración de organización terrorista a Batasuna o Euskal Herritarrok pero todos dieron por probado este extremo en la aplicación de sentencias sucesivas en diferentes casos. En esta misma lógica se desenvuelve el voto mayoritario del tribunal en este caso -dos de tres- y contra la insuficiencia jurídica de su presunción se agita el voto discrepante de la tercera magistrada. Clara Bayarri recuerda precisamente la ausencia de un proceso penal probatorio del principio del todo es ETA en el que sus compañeros de tribunal sostienen todo su proceso deductivo de la culpabilidad de los acusados. Dando por sentada una verdad jurídica no probada, basta con acreditar el vínculo de la estructura de herriko tabernas con la forma política de la izquierda abertzale en ese momento para aplicar en consecuencia su pertenencia o colaboración con ETA. La sentencia es decepcionante porque rezuma una convicción de naturaleza política que debería haber sido desterrada ya de los tribunales españoles, y que es la misma que, por ejemplo, sostuvo procesos anteriores por toda la estructura judicial hasta su decaimiento en Estrasburgo. El caso de las herriko tabernas se ha convertido en el caso Batasuna y por el camino se ha diluido toda su pieza económica -la que buscaba fraude en el IVA, el IRPF, en Sociedades o a la Seguridad Social e incluso doble contabilidad-. Todo para permitir la condena de un colectivo de personas significativas en el pasado y de otras que aún son relevantes en el presente político de Sortu. Un escenario trasnochado.
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