ahora a los atropellos gubernamentales, al no saber gobernar o al hacerlo desde Babia, se les llama novedades. No sólo han pervertido las leyes, sino -como hicieron los nazis- también el lenguaje. No llamar a las cosas por su nombre es una forma de escamotearlas, de mentir, de engañar a los ciudadanos, de hacerles creer que viven en una realidad distinta de aquella que soportan sobre sus espaldas, cada vez más despojados, más expoliados, más empobrecidos. Contra la tozudez de la realidad, humo. Contra la cruda realidad de que este Gobierno no ha creado ni va a crear un solo puesto de trabajo, pendejadas.
Los reproches alemanes en torno a la vagancia y a la corrupción españolas contendrán desvaríos lamentables, como de elegante manera decía el otro día un comentarista. No lo dudo. Pero no menos desvarío es la cobertura de hecho del Tribunal Supremo sobre un caso escandaloso de corrupción institucional al impedir una querella que persigue que haya decenas de diputados que, teniendo pisos en propiedad en Madrid, cobran cuantiosas dietas por vivienda.
Sobre la vagancia no me pronuncio porque faltando trabajo de la manera escandalosa en que falta, suena cuando menos raro. En este país se hace ya lo que se puede, lo que no queda más remedio. Y es mentira que los españoles dejen en manos de los inmigrantes los trabajos más ingratos porque ya no hay tajo ni para unos ni para otros.
Inseguridad jurídica es la que provoca el ministro del Interior azuzando a la Policía a denunciar a los participantes en los escraches por acoso, amenazas y coacciones, mientras el presidente del Tribunal Supremo dice que los escraches son legítimos. ¿En qué quedamos? ¿Quién manda aquí? ¿El que tiene la ley en la mano o el que tiene la porra y los matones a sus órdenes? Obviamente, el segundo. Eso produce una seguridad jurídica enorme.
Hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción. El Estado de Derecho parece hacer aguas, digan lo que digan, y caer poco a poco en el terreno de los modos dictatoriales de nuevo cuño. Sólo quien los apoya de manera incondicional es incapaz de advertirlos. Me temo que una vuelta atrás es una tarea desmesurada que no entra en el programa político de nadie mientras no haya depuración estamental y cambio de régimen.
Y estamos a un paso de que el derecho a la información y la libertad de opinión se vean víctimas de serias novedades, con leyes de por medio o con inventos policiales. A la Policía, al régimen policiaco quiero decir, le incomoda la presencia de informadores. Los ven como un obstáculo para sus actuación incontrolada, en ese limbo de legalidad en el que el ministro se mueve a sus anchas.
Que un magistrado del Tribunal Supremo confiese haber participado en la venta de preferentes, calificadas de colosal estafa por un exdirectivo bancario y de robo masivo por un político del PP, añade un punto sórdido al andamiaje del sistema económico y jurídico. Y el nuevo engaño de los arbitrajes no hace sino corroborarlo: un árbitro de preferentes de Bankia veía perfil inversor en ancianos de 80 años. Los arbitrajes gubernamentales sólo intentan evitar una demanda masiva contra personas directamente relacionas con el Gobierno y el PP. Este es un chiringuito que se cae a pedazos y sólo se sostiene por la fuerza.
Así nada de extraño tiene que a las reformas fiscales se les llame, con desfachatez delictiva, novedades. Estamos en manos de granujas y eso tiene difícil remedio. Las fuerzas políticas de oposición no están por el cambio, sino por la reforma del sistema, que es muy distinto. Es decir, están por quitar a quienes ahora llevan al país a la ruina total, para ponerse en su lugar. Eso es lo que se dice en la calle, esa calle que no puede ser tomada no porque falte gente -porque seis millones de parados dan para cubrirla por completo-, sino porque de verdad no se quiere. La prueba es que el otro día solo consiguieron reunirse 1.500 personas en torno al Congreso, cifra que le sirve a la Cifuentes para sostener la novedad venenosa de que los ciudadanos están por el orden. No, los ciudadanos están acogotados por el miedo a perder lo poco que les va quedando, por el miedo a padecer la violencia policial ciega y la no menos ciega violencia burocrática o judicial. Ese es el verdadero perfil del país, sin novedades que valgan. Han configurado un país de sometedores y de sometidos, y de esas rentas viven. Está visto que estamos muy lejos del estallido social que podría tumbar al Gobierno del PP y abrir la puerta a un cambio social, político y económico a un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar, porque ese cambio tiene precio y no es barato.
He oído decir que el actual presidente de Gobierno y los suyos pasarán a la historia como unos políticos infames, vendepatrias, protagonistas de la época más negra de nuestra historia desde la muerte de Franco. En conciencia, creo que ese pasar o dejar de pasar a la historia a los interesados no les preocupa ni poco ni mucho. Se están enriqueciendo, ellos y la casta que les apoya, y eso es lo único que cuenta. Qué más les dará la historia, si mientras están con vida pueden vivir como Dios. La muerte en vida sólo va con los seis millones de parados, con sus familias, con los que se ven abocados a los comedores sociales, a la mendicidad encubierta, con las auténticas víctimas del imparable sistema de novedades sociales que imponen quienes les tienen sometidos.
