Lo ocurrido en el Parlamento Europeo y en el Parlamento español con el Sáhara Occidental pone claramente de manifiesto la dificultad de resolución del conflicto ante la postura de fuerza de la Administración marroquí, apoyada por Francia que boicotea en la ONU la vigilancia de los derechos humanos en este territorio, mientras que el Gobierno español sigue sin mostrar la contundente repulsa que merecería el desalojo forzoso del campamento saharaui.
En un territorio invadido ilegalmente en el año 1975 mediante la Marcha Verde que fue organizada como medida de chantaje sobre el Gobierno español, ante la negativa del alto tribunal Internacional de Justicia de reconocer ningún tipo de soberanía de Marruecos sobre el territorio, lo primero que cabría preguntarse es, ¿por qué 20.000 saharauis desamparados inundan el desierto con tiendas de campaña? Quizás la respuesta a esta pregunta nos dé algunas claves para orientar bien este conflicto, puesto que lo que después sucedió con la desmantelación forzosa del campamento y los incidentes de El Aaiún no dejan de ser una consecuencia de lo anteriormente expuesto. Sabemos por las organizaciones humanitarias AI (Amnistía Internacional) y HRW (Human Rights Watch) las torturas sufridas por los saharauis, además de los dos españoles cuyos casos se están investigando, recordemos uno muerto y el segundo denunció torturas.
Lo más curioso del tema es el papel de víctima que ha tomado Marruecos, pues durante la comparecencia del ministro marroquí Fassi-Fihri en el Parlamento Europeo acusó a los eurodiputados de usar palabras a la ligera, así les dijo "repiten lo que dice Argelia y el Frente Polisario, ya han decidido y no escuchan".
A mí, después de lo que ha pasado estos días en que Marruecos ha prohibido o limitado el derecho de información de la prensa en el Sáhara Occidental creo que este asunto solo se resolverá cuando se respeten los derechos humanos, y para esto creo que el Gobierno español está moralmente obligado a hacer todas las gestiones que sean necesarias.
