UN dato: el impacto fiscal de Iberdrola en las arcas vascas es de 370 millones de euros. Esta cifra da la medida de la preocupación de algunos sectores políticos y económicos por que la eléctrica vasca siga manteniendo sus raíces en suelo vasco. Un apunte: el infausto recuerdo que sobre el sector planea del desembarco de la constructora ACS en Unión Fenosa. Son dos elementos importantes a la hora de comprender la polvareda levantada por la conocida como enmienda Florentino en el Congreso y para explicar la reacción de los accionistas de Iberdrola el pasado viernes, cuando cesaron al consejero propuesto por la constructora, al entender que la firma de Florentino Pérez es una competidora directa de la eléctrica vasca. Finalmente, y tras no pocas maniobras, el PNV logró retrasar hasta después de Semana Santa el debate de la enmienda del PSOE -pero directamente impulsada por Rodríguez Zapatero- para eliminar de la Ley de Sociedades Anónimas las limitaciones del derecho de voto en las empresas. Una iniciativa que, de salir adelante, supondría eliminar las limitaciones al derecho de voto en los consejos de las corporaciones y tendría, como primer efecto en lo que se refiere a Euskadi, el de franquear la entrada de la constructora ACS en el consejo de administración de Iberdrola. Esta vía permitiría a la empresa presidida por Florentino Pérez buscar rentabilidad ante el vencimiento en los próximos meses de los créditos de 4.470 millones de euros que asumió para hacerse con el 12% de la eléctrica vasca y que suponen casi el 50% de la deuda acumulada de ACS, es decir, 9.000 millones (cuando el valor en Bolsa de la constructora se sitúa en torno a los 11.000 millones). Es decir, la enmienda tendría como objeto dar aire a ACS. Pero además, la eliminación del blindaje en empresas como Iberdrola o Repsol, tal y como apuntan los empresarios vascos, podría tener "efectos no deseados" en firmas de primer nivel que ejercen una labor tractora y, por consiguiente, en todo el entramado económico de Euskal Herria. Y es ahí, en la defensa de los intereses de Euskadi, donde se vuelve a echar en falta una actitud decidida por parte del Gabinete de Patxi López quien guarda silencio al respecto, al tiempo que Zapatero impulsa medidas que pueden derivar en consecuencias negativas para el futuro de importantes empresas vascas.
