El Tribunal Penal Internacional juzgará a Duterte por crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado este jueves todos los cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipinoRodrigo Roa Duterte por su papel en la llamada "guerra contra las drogas" y ha ordenado la apertura de un juicio en su contra por asesinatos y tentativas de asesinato entre 2011 y 2019 en Filipinas.

La decisión, adoptada por unanimidad por una Sala de Cuestiones Preliminares, concluyó que los crímenes se habrían cometido como parte de un "ataque generalizado y sistemático" contra la población civil, dirigido contra personas consideradas sospechosas de delitos relacionados con drogas. Los crímenes imputados se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

Según los jueces, la Fiscalía ha presentado pruebas suficientes para sostener que Duterte, primero como alcalde de Dávao y después como presidente del país, habría estado en la cúspide de una estructura responsable de miles de asesinatos, a través de escuadrones de la muerte locales y después mediante fuerzas de seguridad a nivel nacional.

La Fiscalía defiende que existía una política para "neutralizar" a presuntos delincuentes en Filipinas, término que en la práctica —según la Sala— significaba matar, y que se materializó en una campaña prolongada, organizada y coordinada que dejó un alto número de víctimas en distintas regiones del país.

El caso incluye tres cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinatos en la ciudad de Dávao durante la etapa municipal; ejecuciones de supuestos "objetivos de alto valor" al inicio de su presidencia; y muertes y tentativas de asesinato en operaciones policiales posteriores.

En total, la acusación recoge al menos 76 asesinatos y dos intentos, aunque la Fiscalía y la Corte subrayan que la magnitud real de las víctimas sería "significativamente mayor".

Se considera que Duterte habría contribuido de forma esencial a estos crímenes al diseñar la política, dar instrucciones, proporcionar recursos, promover públicamente la violencia y garantizar protección e impunidad a los autores materiales.