La sede de la Liga Árabe en El Cairo se ha convertido este jueves en el epicentro de una respuesta unificada contra el Estado de Israel. Tras la aprobación en el Knéset (Parlamento israelí) de una ley que permite la aplicación de la pena de muerte a palestinos de Cisjordania bajo acusaciones de terrorismo, el Estado de Palestina ha exigido a sus socios árabes que pasen de la retórica de la condena a la implementación de castigos económicos y políticos severos.
Muhannad al Aklouk, representante de Palestina ante la Liga Árabe, abrió la sesión extraordinaria con una petición contundente a los 22 Estados miembros: adoptar medidas políticas, diplomáticas, legales y, fundamentalmente, la imposición de sanciones y un boicot económico contra lo que calificó como un "régimen racista".
Para Al Aklouk, la reforma legal —aprobada el pasado lunes con 62 votos a favor y 48 en contra— supone un "cambio peligroso", ya que Israel ha pasado de cometer delitos al margen de la ley a integrarlos en su marco legal. El representante palestino no solo puso el foco en la pena capital, sino que denunció una "política sistemática" contra los prisioneros que incluye torturas brutales, violaciones y sumisión por hambre, instando a los legislativos árabes a sancionar al Parlamento de Israel por su complicidad en la consolidación de un sistema de apartheid.
Una ley de doble rasero
La controversia de la norma no radica solo en la aplicación de la pena máxima —la horca—, sino en la flagrante diferenciación jurídica entre ciudadanos. Según el texto legal, los palestinos de Cisjordania ocupada serán juzgados por tribunales militares que estarán obligados a dictar la pena capital en casos de asesinato con motivos "terroristas", una categoría que incluye, según la norma, el acto de negar la existencia del Estado de Israel.
En contraste, si un ciudadano israelí fuera juzgado por un delito idéntico en un tribunal penal ordinario, la ley permite la opción de la cadena perpetua y establece requisitos adicionales mucho más estrictos para imponer la pena de muerte. Esta disparidad ha llevado a mandatarios como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a afirmar que "mismo crimen, distinta pena, no es justicia", calificándolo como un paso definitivo hacia el apartheid.
La respuesta internacional ha sido casi unánime en su rechazo. Desde el sudeste asiático, Indonesia —el país con mayor población musulmana del mundo— ha liderado la condena, calificando la ley como una "grave violación del derecho internacional humanitario". En un movimiento de coordinación regional, ocho naciones (Turquía, Pakistán, Indonesia, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar) emitieron un comunicado conjunto denunciando la escalada de prácticas discriminatorias que "socavan la estabilidad regional".
Por su parte, organismos internacionales también han elevado la gravedad de la situación. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, advirtió de que la aplicación de esta ley en territorio ocupado "constituiría un crimen de guerra". Por su parte, la UE calificó la medida como un "paso atrás" y una tendencia negativa en el respeto a los derechos humanos.
La excepción de Trump
En este escenario de aislamiento diplomático para Israel, el Gobierno de EE.UU. se ha erigido como su único gran aliado. La Administración de Donald Trump ha defendido el "derecho soberano" de Israel a determinar sus propias penas. "Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo", declaró un portavoz del Departamento de Estado, subrayando que EE.UU. también aplica la pena de muerte en su territorio.
Este respaldo ha envalentonado al Gobierno de Benjamín Netanyahu, a pesar de que en el interior de Israel cinco asociaciones de derechos humanos —incluyendo Médicos por los Derechos Humanos— ya han recurrido la ley ante el Tribunal Supremo, considerándola una "ejecución con base explícitamente racista".
