l 2 de marzo pasado, Toby Price, subdirector de una escuela primaria, leyó el libro I Need a New Butt de Dawn McMillan a un grupo de estudiantes de segundo grado. Fue convocado para una reunión disciplinaria el 4 de marzo, y se le notificó había violado el código de ética y normas de conducta para educadores del estado de Mississippi. En la carta de despido, se le hizo saber que “sus acciones habían demostrado falta de profesionalismo y de juicio” por haber leído un libro “inapropiado” a los alumnos.
Para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son tantos los “libros inapropiados” que firmó una ley que permite a las juntas de padres examinar y censurar libros de texto y otros materiales didácticos que no juzguen oportunos. La comisión del Departamento de Educación de Florida formada ad hoc, incluyó en esta nueva versión del índice de los libros prohibidos el 71% de los libros de texto para los niveles K-5 (de 5 a 10 años). La comisión rechazó asimismo el 20% de los materiales escolares para los niveles 6-8 (de 11 a 13 años), y el 35% de los libros para secundaria (14 a 18 años). La comisión se tomó en serio su labor inquisitiva y prohibió -por citar un ejemplo- 54 de los 132 libros de texto de matemáticas presentados al estado, el 41% del total.
Tres semanas más tarde, la comisión hizo público un documento de 5.895 páginas con sus razonamientos y ejemplos de libros prohibidos. Algunos libros de texto fueron incluidos en la lista porque “incorporan temas prohibidos” como elementos de “teoría crítica de la raza”; otros porque incluyen estrategias de aprendizaje “nocivas” como el “aprendizaje social y emocional” o la “conciencia social”, y otros fueron purgados porque “no se alinean correctamente” con los estándares del departamento de educación de Florida (Benchmarks for Excellent Student Thinking). La comisión acusó a los editores de libros de texto de “pretender adoctrinar” a los alumnos, alegando que estaban filtrando material que incumple la ley de 2021 de Florida sobre el uso de material instructivo que contenga -por citar un ejemplo- la idea de que “el racismo no es simplemente un producto de los prejuicios, sino que está arraigado en la sociedad estadounidense y sus sistemas legales preservando la supremacía blanca”. Una idea que se ha tachado por “antiamericana”.
Tal como indica un estudio de PEN America, desde el 31 de julio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 se han censurado 1.586 libros en la república. Texas lidera el ranking con 713 títulos indexados, seguido de Pensilvania y Florida con 456 y 204 purgas respectivamente. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ha presionado a las juntas escolares para que eliminen lo que él denomina “pornografía” de las bibliotecas escolares. Se refiere a libros de temática LGTBQI+. Para Chris Allen, vicepresidenta en Indian River del grupo conservador Moms for Liberty, algunos de los libros de texto “mencionan la crisis climática como si fuera un hecho comprobado”.
Jonathan Friedman, director del programa Educación y Expresión Libre de PEN America, dice que “por su frecuencia, intensidad y éxito, lo que está sucediendo con los libros de texto no tiene paralelo” en la historia del país.
Desde el Partido Republicano se están impulsando proyectos de ley para “controlar” el contenido de las bases de datos de bibliotecas públicas y escolares. Educadores y bibliotecarios afirman que las nuevas normas no son necesarias, ya que existen leyes federales en esta materia. La ley de privacidad y derechos educativos de la familia de 1974 protege a los usuarios y obliga a los proveedores de las bases de datos a excluir el “contenido inapropiado”. La ley de protección de internet para niños de 2000 exige que las escuelas que reciben fondos federales equipen sus ordenadores con filtros que impidan el acceso a páginas con contenido “dañino” para los menores.
El subcomité de derechos y libertades civiles de la Cámara de Representantes celebró una audiencia de tres horas el 7 de abril para discutir el aumento de las prohibiciones de libros en las aulas y bibliotecas públicas del país. El representante demócrata de Maryland Jamie Raskin explicó que el tribunal supremo dictaminó en el caso Board of Education, Island Trees Union Free School District v. Pico de 1982 que las escuelas públicas pueden prohibir “libros que no son adecuados para el plan de estudios”, pero eso no da derecho a nadie a purgar libros de texto por no estar de acuerdo con las ideas contenidas en los mismos.
En 2021 la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos informó que en los últimos 20 años se han llevado a cabo 729 acciones para censurar 1.586 libros. La cámara de representantes de Texas está “cuestionando” unos 850 libros de texto, incluido el libro de Raskin We the People. Tal como ha señalado el autor, muchos han sido censurados porque abordan problemas relacionados con el cambio climático, el racismo o la supremacía blanca, o porque tratan temas como la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Raskin terminó afirmando que censurar libros en virtud de su contenido es una violación de la primera enmienda e hizo alusión al concepto de “manzana dorada de la libertad” de Abraham Lincoln. “Todo el mundo quiere dar un mordisco a la manzana, pero si permitimos que todos tomen un trozo, simplemente no quedará nada... Debemos defender no solo el discurso que amamos, sino también el discurso que detestamos... Si cancelamos o censuramos todo lo que la gente encuentra ofensivo, no quedará nada. Todo el mundo se siente ofendido por algo, y es por eso por lo que el nivel de ofensa de otras personas no puede ser la medida para abolir tus derechos o los míos”.
Hay una razón de fondo que explica la censura. En las elecciones presidenciales de 1952 solo el 5% de los votantes eran graduados universitarios mientras que en 2020 lo ha sido el 41%, y más de la mitad de ellos votaron por el Partido Demócrata. La ecuación en la mente de muchos líderes republicanos es, “a más acceso a los libros y mayor nivel educativo, más burro azul y menos elefante rojo”. Así que han decidido talar el acceso a lo que algunos consideran la fuente del liberalismo, el conocimiento. Pero la censura y el catecismo intelectual que le es consustancial comporta una evidente falta de confianza en la capacidad crítica del ser humano.
Aprender a tolerar el discurso contrario como se acepta el discurso propio es una de las bases de la educación, y de la civilización. Es esencial promover nuevas rutas intelectuales porque el progreso descansa en el principio de que es preciso poner en duda lo que sabemos, incluso lo que consideramos incuestionable. Esto es imposible si alguien decide erigirse en inquisidor y juez del pensamiento de otros. Pero, sobre todo, censuras y purgas de todos los colores nunca han superado la marea del tiempo y libros que ahora se consideran “lecturas indispensables” en las escuelas de secundaria de los Estados Unidos fueron alguna vez censurados, como Huckleberry Finn de Mark Twain, To Kill a Mockingbird de Harper Lee, Lord of the Flies de William Golding, The Catcher in the Rye de Jerome D. Salinger, Maus de Art Spiegelman y, Of Mice and Men de John Steinbeck. En ocasiones hace falta un martillo para darse cuenta de lo que vale un clavo. l
Los republicanos han decidido talar el acceso ?a lo que algunos consideran la fuente del liberalismo, ?el conocimiento
