- Activistas y organizaciones denunciaron ayer detenciones, arrestos domiciliarios e intimidaciones de las autoridades cubanas para impedir la marcha disidente del 15 de noviembre, que no tuvo seguimiento.
Archipiélago, el grupo de activistas que convocó la protesta, aseguró en un comunicado que han contabilizado “más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio”. La ONG jurídica Cubalex señaló haber confirmado al menos 77 casos de personas arrestadas, sitiadas en sus domicilios o víctimas de “actos de repudio”, acciones similares a escraches en las que partidarios del Gobierno acuden al domicilio de opositores para intimidarlos con gritos y amenazas.
Uno de los actos de repudio más difundidos fue el que sufrió en la localidad central de Santa Clara la conocida activista Saily González, a cuyo domicilio acudieron varias decenas de personas a gritar consignas, como muestra un vídeo que ella misma publicó en redes sociales.
Entre los arrestos, más de 50 registrados hasta por la ONG, destacan los de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la activista y curadora de arte Carolina Barrero, y José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer García.
La mayoría de coordinadores de Archipiélago, la plataforma de jóvenes críticos que convocó la protesta, han sufrido acciones intimidatorias, aseguró desde EEUU la directora de Cubalex, Laritza Diversent.
