El informe sobre la gestión de la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó este miércoles a la Fiscalía General, que debe analizar unas gravísimas acusaciones que el mandatario ya ha calificado de "payasada".
El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado este martes, fue recibido por el fiscal general, Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro, cuatro ministros y una decena de legisladores, que por su condición de aforados sólo pueden ser investigados por ese organismo.
La comisión dice haber recabado graves indicios sobre la supuesta responsabilidad del Gobierno en el agravamiento de la pandemia de covid-19, que ya ha matado en el país a más de 606.000 personas.
En el caso del líder ultraderechista son nueve acusaciones: crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
"El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del Gobierno de turno. Estaremos vigilantes", declaró el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión, tras la entrega del informe.
Aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal alineado muchas veces con el Gobierno y que durante los dos últimos años ha archivado unas noventa denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.
Sin embargo, la senadora Simone Tebet, que también participó en la entrega del documento, sostuvo que Aras "mostró mucha firmeza en su compromiso" de llevar adelante la investigación y dijo que ahora los miembros de la comisión esperarán "unos quince o treinta días" para "observar" cómo se comporta la Fiscalía General.
El informe, que acusa a un total de 78 personas y dos empresas de delitos vinculados a la pandemia, será entregado también a otras instancias para que investiguen a los no aforados y, en el caso de Bolsonaro, será remitido incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya.
UNA "PAYASADA" CON "INTERESES POLÍTICOS" QUE AFECTA A BRASIL
En su primera reacción tras la aprobación del informe, Bolsonaro volvió a descalificar a la comisión parlamentaria y aseguró que ese grupo fue movido estrictamente por intereses políticos que apuntan a desgastar a su Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2022, en las que aspira a renovar su mandato.
"Eso es una payasada", declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan, quien sin embargo admitió que un informe de esa naturaleza "causa muchos problemas".
Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria "no vale nada", pero reconoció que "hacia afuera de Brasil la imagen es pésima" y afecta hasta a la economía del país.
"Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y todo eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte", declaró.
Según el mandatario, "todo eso afecta a la bolsa, el precio del dólar, y a la inflación", "perjudica a todos" y está movido sólo por los "intereses políticos de siete senadores", apuntó.
Aludió así al número de parlamentarios que aprobaron el informe de la comisión, que tenía un total de once miembros y sólo cuatro alineados en las filas bolsonaristas que votaron en contra.