- Ecuador trata de entender la matanza desatada el martes dentro de cuatro de sus prisiones, mientras las autoridades judiciales siguen las pesquisas para descifrar lo ocurrido sin descartar, según expertos, que los hechos puedan estar solapados con el narcotráfico.

Mientras, decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde por la mañana ante la prisión de Guayaquil y la morgue de la ciudad para pedir los restos de los reclusos que murieron en la secuencia de enfrentamientos, los peores en la historia penitenciaria del país.

A las puertas del centro penitenciario y la morgue de la ciudad portuaria donde tuvo lugar la principal masacre, 37 muertos en dos dependencias, estaban aglomeradas más de cien personas desde la mañana para obtener información.

Los enfrentamientos se sucedieron uno tras otro en dos dependencias de un centro de Guayaquil, el de Turi en Cuenca, y el de Cotopaxi en Latacunga, sin que los carceleros pudieran hacer nada para impedirlo.

“No entendemos a qué niveles puede llegar el comportamiento humano”, decía en declaraciones a la prensa el alcalde Latacunga, Byron Cárdenas, quien reflexionaba que si dentro de las prisiones los presos tienen semejante nivel organizativo y armas, no se imagina lo que habrá fuera de esos muros.

Militares y policías también seguían vigilantes ayer en la prisión de Latacunga, donde murieron ocho personas, en previsión de nuevos motines, dado que las estructuras del servicio de prisiones no están diseñadas para controlar eventos masivos. “Nuestro sistema es totalmente deplorable. Hay que aumentar el personal penitenciario, columna vertebral del sistema”, advirtió Jhonny Cadena, excarcelero.

Los enfrentamientos del martes fueron coordinados al mismo tiempo en cuatro focos distintos, organizado, según creen las autoridades, por dos bandas que, aparentemente, se disputan el control de las prisiones y del mercado delictivo. “La una son los Choneros, brazo armado del Cartel de Sinaloa, y el otro son losLagartos, que estarían operando con el Cartel Jalisco Nueva Generación”, explicó Arturo Torres, investigador criminológico.

Frente a esa capacidad organizativa y delictiva, un servicio penitenciario que ha caído en la dejadez de sucesivos gobiernos. “Hay un déficit de guías penitenciarios del 70%. Actualmente hay cerca de 1.500, cuando se requieren al menos 7.000”, explicó Ricardo Camacho, subsecretario del Ministerio de Justicia y encargado de los centros carcelarios entre 2017 y 2018.

El llamado Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI, por su acrónimo), regenta más de 60 cárceles en Ecuador, aunque el martes, su director, Edmundo Moncayo, resaltó que los centros de Guayaquil, Cuenca y Latacunga concentran el 70% de los 38.693 presos del país.

Los centros penitenciarios, según el SNAI, tienen una capacidad para 29.897 presos y debido a la debilidad del sistema, las bandas más organizadas y poderosas han llegado a establecer un control interno frente al cual poco pueden hacer los funcionarios, que según apunta Torres, también han caído en la “corrupción”.

El sufrimiento de la matanza lo cargan los familiares que han pagado el precio de la barbarie, y aquellos que siguen en los centros penitenciarios porque temen que esta masacre de pie a un ajuste de cuentas aún mayor y que siga el círculo vicioso de la violencia. “Los van a matar, los han amenazado con que los van a matar. Ellos no piden que los saquen de prisión, sino que requisen las armas que hay”, se lamentaba una mujer por un canal de televisión local en el sur de Ecuador tras recibir el audio de un familiar recluso en Cuenca, el otro foco más sangriento con 34 fallecidos. Las dantescas imágenes por redes de cuerpos seccionados, decapitados o colgados de las celdas, cuya autenticidad no ha sido confirmada, dan lugar a mucha rumorología y temor.

Asesinato en diciembre. Las autoridades suponen que el asesinato el pasado diciembre de Rasquiña, presunto líder de Los Choneros, pudo ser el detonante.

Ajuste sin sorpresas. Edmundo Moncayo, jefe del servicio de prisiones, afirmo que preveían algún ajuste de cuentas tras el asesinato de Rasquiña.