- Las movilizaciones contra el régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, entraron ayer en su cuarta semana con otra manifestación multitudinaria pero sin que se vislumbre una salida a la crisis. Según los propios organizadores de las protestas, más de 100.000 personas se concentraron ante el palacio de la Independencia, donde se encontraba el mandatario. A pesar de que Lukashenko hizo ayer un gesto de acercamiento a la oposición al anunciar que someterá una reforma constitucional a referéndum, todo apunta a que el cambio será leve.
Además, esta promesa contrasta con un gesto amenazante por parte del líder bielorruso, que por segundo domingo consecutivo difundió imágenes empuñando un fusil Kaláshnikov, en una clara declaración de intenciones de que no renunciará al poder que ostenta desde hace 26 años. Lukashenko también relevó hoy de su cargo al embajador bielorruso en España, Pável Pustovói, por sus críticas a la violencia policial en su país y su apoyo a un nuevo recuento de los votos emitidos en las polémicas elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto.
En una reunión con el presidente del Tribunal Supremo, Valentín Sukalo, Lukashenko admitió que el sistema político del país es “algo autoritario” y se mostró dispuesto a reducir parte de sus competencias. “Hay que lograr que el sistema no esté ligado a ninguna personalidad, Lukashenko incluido”, dijo el mandatario, que suele referirse a sí mismo en tercera persona. Sin embargo, rechazó de pleno la propuesta opositora de otorgar mucho más poder al Parlamento volviendo a la Constitución de 1994; es decir, la vigente hasta el año en que Lukashenko llegó al poder. Ésta concedía amplias facultades al Parlamento, e insistió en que se está trabajando en el proyecto de una nueva Carta Magna que será sometido a la consideración de los ciudadanos mediante referéndum.
Mientras tanto, los gobiernos de Estonia, Lituania y Letonia han pactado la declaración de 30 dirigentes bielorrusos como personas non grata, entre ellos el presidente, Alexander Lukashenko, al que consideran el principal responsable de la crisis bielorrusa.
Las personas de la lista no podrán entrar en los países bálticos de forma indefinida, de acuerdo a lo pactado entre los tres gobiernos. Además del presidente, entre los líderes señalados figuran responsables de distintas instituciones como la Comisión Electoral, los ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía y el Comité de Investigaciones.
Todos estos líderes son considerados responsables de “organizar y apoyar la falsificación de las elecciones así como de apoyar la represión violenta de las manifestaciones pacíficas” convocadas tras los comicios presidenciales, según una nota difundida por el Ministerio de Exteriores letón.
Los países bálticos han instado a la Unión Europea a seguir por esta misma línea, una tesis que ya plasmaron la semana pasada en la reunión de ministros de Exteriores. En dicho foro, los Estados miembro pactaron sancionar al menos a una veintena de dirigentes bielorrusos, aunque sin aclarar si los castigos afectarán a Lukashenko.
