La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha ordenado este martes poner bajo arresto domiciliario al expresidente Alvaro Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
Según las informaciones recogidas por el diario colombiano 'Semana', los cinco magistrados que integran el organismo han fallado a favor de la "detención preventiva en su domicilio" de Uribe, si bien la CSJ no se ha pronunciado aún oficialmente.
"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", ha indicado el propio Uribe a través de su cuenta en la red social Twitter.
Apoyo de Iván Duque
Por su parte, el actual mandatario colombiano, Iván Duque, no se ha pronunciado por ahora sobre la decisión del tribunal, si bien el lunes afirmó en declaraciones a la emisora Blu Radio que cree en la inocencia del expresidente.
"Soy un creyente, he sido un creyente y seré siempre un creyente de la inocencia de Uribe", dijo, antes de agregar sobre Uribe que "es una persona a la que la palabra 'honorabilidad' le caza en todos los comportamientos de su vida".
Asimismo, hizo hincapié en que Uribe hizo frente a un país "en una situación muy difícil en términos de orden público". "Claro que hay controversias, hay personas que quieren y malquieren, pero en esos ocho años el país recuperó una senda de seguridad, una senda de confianza que es incontrovertible", defendió.
Duque destacó además que el expresidente "siempre se ha presentado a todos los llamados que le ha hecho la justicia". "Creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país", apuntó, al tiempo que incidió en que respeta la separación de poderes.
Más de 50 procesos abiertos
El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.
De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.
Por otra parte, ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.
