- El exjuez Sergio Moro renunció el viernes al cargo de ministro de Justicia de Brasil, tras exponer unas profundas diferencias con el presidente Jair Bolsonaro, sobre quien insinuó que incumplió su “compromiso” de lucha contra la corrupción.
La dimisión de Moro, visto por vastos sectores conservadores como una suerte de “defensor de la justicia”, deja al Gobierno del líder de la ultraderecha herido, sobre todo porque el exmagistrado no se guardó nada en su despedida, motivada por la decisión de Bolsonaro de destituir al jefe de la Policía Federal, Mauricio Valeixo.
Moro, el ministro brasileño con más apoyo popular, anunció su renuncia en una comparecencia ante la prensa, en la cual aseguró que la destitución de Valeixo era una “interferencia política” del gobernante en investigaciones del Poder Judicial, que calificó de “inaceptable”.
Según el ahora exministro, Bolsonaro incumplió el “compromiso” asumido con él, de que tendría “carta blanca” en el nombramiento de sus asesores directos y en la lucha anticorrupción, en la cual es clave la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia.
También insinuó que el gobernante pretende poner al frente de la Policía Federal a “una persona” que le responda directamente e informe sobre la marcha de investigaciones, sobre las cuales no abundó pero que se cree que pueden llegar al entorno familiar de Bolsonaro.
Asimismo, sugirió que el Gobierno puede haber incurrido en un grave delito, ya que el decreto con el que se destituyó a Valeixo, publicado en el Diario Oficial este viernes, lleva la firma del presidente y del propio Moro.
“Supe de la exoneración a través del Diario Oficial y no firmé ese decreto”, garantizó Moro, quien ganó fama en la lucha contra la corrupción como juez de la operación Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Tengo que preservar mi nombre y el compromiso que asumí con el presidente de que seríamos firmes contra la corrupción y eso implica que debemos garantizar el respeto a la ley y a la autonomía de la Policía Federal, sin interferencias políticas”, declaró.
“Esa interferencia política puede llevar a relaciones impropias y con eso no puedo concordar”, ahondó Moro, cuya gestión era aprobada por cerca del 60% de los brasileños, el doble de los que respaldan al propio Bolsonaro, quien anunció para hoy mismo una rueda de prensa con el fin de “restablecer la verdad” sobre las salidas de Moro y Valeixo.
Las serias declaraciones de Moro, que pueden interpretarse como acusaciones, levantaron un polvorín político y hasta llevaron a algunos sectores a sugerir que pueden existir razones para la apertura de un juicio político con miras a la posible destitución de Bolsonaro.
De hecho, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, ha solicitado a la Corte Suprema la apertura de una investigación contra el mandatario. La posible apertura de una investigación autorizada por el Supremo tiene como objetivo esclarecer si Bolsonaro cometió un eventual delito de falsedad ideológica, coacción, prevaricación u obstrucción a la Justicia, entre otros, según un comunicado de la Fiscalía.
Para muchos analistas, la clave de la destitución de Valeixo está en procesos que llevan directamente al entorno familiar del mandatario.
La Policía Federal, con anuencia de Moro y la Corte Suprema, avanza en investigaciones que incomodan al clan Bolsonaro, formado por el mandatario y tres de sus hijos: el senador Flavio, el diputado federal Eduardo y el concejal de Río de Janeiro Carlos.
Una de ellas trata sobre la diseminación en las redes sociales de noticias falsas, las cuales se sospecha que pudieran ser originadas por grupos directamente vinculados a Carlos Bolsonaro y a un llamado “gabinete del odio” que operaría desde el palacio presidencial.
Otra, intenta determinar si el senador Flavio Bolsonaro, en la época en que era diputado regional en Río de Janeiro, participó en una trama de presuntos fraudes, que habrían sido cometidos mediante la contratación de funcionarios “fantasmas”.
A eso se suma también un proceso en manos de la Policía Federal, autorizado esta semana por el Supremo, que investiga unos actos, en los que se demandó el “cierre” de ese tribunal y del Parlamento, convocados por grupos favorables a una “intervención militar” y a los que llegó a asistir el propio presidente Bolsonaro.
En la rueda de prensa de Moro, un cartel colgado en una pared con sus directrices para la gestión pública, parecía aludir a todo eso. El cuarto de diez puntos decía: “El poder público no es una cosa de familia”.
El ahora exministro de Justicia Moro acusó a Bolsonaro de haber interferido políticamente en el Poder Judicial y de haber suplantado su firma en el decreto para cesar a Valeixo, decisión que provocó la convulsa dimisión de Moro.