Berlín - La canciller alemana, Angela Merkel, y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz, exprimieron ayer los plazos fijados para alcanzar un pacto de gobiernos y, tras varios acuerdos parciales, decidieron pasar al tiempo de descuento para intentar superar las últimas discrepancias hoy lunes. Según el calendario fijado por ambas partes, las reuniones debían concluir ayer domingo, más de cuatro meses después de las elecciones, pero se habían previsto dos posibles días extras y Schulz dejó ayer claro que se iban a tomar todo el tiempo necesario en esta fase final.
“Hemos trabajado bien hasta ahora, pero todavía quedan puntos importantes que tienen que ser aclarados”, admitió Merkel a su llegada a la sede del SPD, donde se dieron cita los equipos negociadores.
La canciller, que aspira a un cuarto mandato, aseguró que afrontaba la fase final con “buena voluntad”, pero también consciente de que quedaba por delante “difíciles negociaciones”.
Martin Schulz, por su parte, confirmó al inicio de la jornada la falta de acuerdo para lograr tres objetivos clave en política social: acabar con los contratos temporales injustificados, garantizar la igualdad de trato en los seguros sanitarios y mejorar la política de vivienda.
El último punto se cerró a media tarde con medidas para frenar la subida de los alquileres, ayudas para familias con hijos y 2.000 millones de euros públicos para la construcción de viviendas, consenso que se unió a acuerdos en política municipal y cultural e inversiones millonarias para impulsar la digitalización. Poco antes de las 19.30 horas el secretario general del SPD, Lars Klingbeil, confirmó que las conversaciones continuarían hoy lunes.
Schulz, que se vio forzado al diálogo con Merkel después de que la canciller fracasara en su intento de aliarse con liberales y verdes, recalcó que inició las negociaciones “sin líneas rojas”, pero decidido a lograr un acuerdo con políticas “rojas”, de marcado acento socialdemócrata.
A su juicio, la presión del tiempo no debe entorpecer las conversaciones, ya que el objetivo es proporcionar a Alemania un gobierno estable y ello exige un acuerdo “fuerte” y consensuado sobre bases “estables”.
Schulz necesita un buen pacto para convencer a su partido, que hace dos semanas avaló por estrecho margen (56%) el inicio de las negociaciones con los conservadores y donde diversos sectores, como sus juventudes, siguen rechazando de plano que se reedite la gran coalición tras el fracaso electoral de septiembre.
Consulta vinculante El acuerdo final se someterá además al voto de los alrededor de 440.000 militantes socialdemócratas, una consulta vinculante que deberá superarse antes de formalizar el nuevo gobierno. A lo largo de la semana la dirección socialdemócrata ha subrayado los avances logrados en las sucesivas reuniones, como el acuerdo para la estabilidad de las pensiones, las mejoras en la atención a la dependencia, o las inversiones de hasta 11.000 millones de euros en educación.
La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, su ala bávara de la Unión Socialcristiana (CSU) y el SPD alcanzaron también un compromiso en el área migratoria, punto conflicto en el que los socialdemócratas reconocieron que fueron incapaces de imponer todas sus posiciones.
Los tres partidos se han fijado como meta que la llegada de nuevos solicitantes de asilo al país no supere una horquilla de entre 180.000 y 220.000 personas al año, acuerdo que se ha interpretado como una concesión a los conservadores bávaros, que reclamaban un tope para la acogida.
El derecho a la reagrupación familiar para las personas que cuentan con algún tipo de protección en el país pero no con el estatus de refugiados, que ahora está suspendido, se reactivará en agosto, pero limitada a 1.000 personas al mes.
El paquete medioambiental y de política energética se cerró el viernes con el pacto de fijar en una ley los compromisos climáticos del Acuerdo de París para 2030, un acuerdo que el SPD presentó como un avance. Sin embargo, grupos ecologistas, como Greenpeace, protestaron ayer ante su sede al considerar que, de facto, supone olvidar el compromiso de Alemania de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones en 2020.
Otro punto de interés es la regulación de los mensajes de odio en Internet. La canciller sostiene que “Internet no es un espacio fuera de la ley” y defendió la polémica norma aprobada por su Gobierno para borrarlos de la red, aunque no descartó la posibilidad de que haya que introducir cambios en su acuerdo de gobierno con los socialdemócratas.
Merkel dedicó su tradicional mensaje de vídeo semanal al Día de Internet Seguro, que se celebra mañana martes, y consideró importante que las reglas del mundo “analógico” se apliquen también en el digital para que no haya espacios de impunidad.
Cómo hacerlo es algo “discutible”, reconoció también la canciller antes de asegurar que su Ejecutivo evaluará y estudiará el impacto de la ley que entró en vigor en Alemania el pasado 1 de enero. La norma, que ha generado polémica en el país desde el primer día, tiene como objetivo combatir los mensajes de odio y las noticias falsas en las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar los contenidos “contenidos manifiestamente delictivos” en un plazo de 24 horas tras recibir una queja o denuncia.
