Bruselas - Las últimas reformas legislativas del sistema judicial de Polonia, criticadas por su rupturismo con el Estado de derecho, han dado pie a que la Unión Europea (UE) ponga sobre la mesa la posibilidad de estrenar su bomba atómica y retirar al país su derecho a voto en el Consejo. No obstante, llegar al extremo de la “suspensión de ciertos derechos”, según reza el artículo 7 del Tratado de la UE, es una situación “poco probable”, explicó ayer la directora en Bruselas del instituto Bertelsmann Stiftung, Stefani Weiss. A propuesta de la Comisión, el Consejo puede determinar la existencia de un “claro riesgo de seria ruptura” de los valores europeos por parte de un Estado miembro a través de una mayoría cualificada, pero aprobar las sanciones requiere de la unanimidad de todos los países comunitarios. “Puede ser que se active, porque para eso se necesita solo una mayoría cualificada y creo que muchos otros Estados miembros sienten que tienen que hacer algo”, sostuvo Weiss, que agregó que la dificultad sería alcanzar un consenso absoluto sobre las sanciones.

“Hungría ya ha dicho que no se uniría y muchos otros Estados miembros serían cautos al respecto”, recordó la experta.

En su papel de guardiana de los tratados, la Comisión Europea (CE) abrió el pasado miércoles la puerta a utilizar el artículo 7 del Tratado de Lisboa en respuesta a las reformas del sistema judicial polaco, criticadas por suponer un peligro para la independencia de la magistratura y para la separación de poderes.

“Individualmente, cada una de estas leyes erosionaría seriamente la independencia del poder judicial polaco si se adoptase. En conjunto, pueden abolirla completamente y pondrían a la magistratura bajo el control político del Gobierno”, advirtió esta semana el vicepresidente de la CE, Frans Timmermans.

El año y medio de pulso entre la Unión y el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia comenzó en enero de 2016, cuando Bruselas estrenó por primera vez un nuevo instrumento complementario y previo a la activación del artículo 7 para vigilar el respeto a las libertades fundamentales.

Mediante este proceso, “basado en el diálogo continuado entre ambas partes”, la Comisión puede emitir opiniones y recomendaciones tras discernir la gravedad de la amenaza al Estado de derecho en un país concreto. Bruselas ya ha emitido dos recomendaciones y prepara la tercera para el próximo miércoles, que previsiblemente acompañará con un procedimiento de infracción por violación de la normativa comunitaria una vez haya revisado en profundidad los nuevos textos legales polacos. Weiss alertó, no obstante, de que la fase del diálogo “ha quedado atrás”.

Activar la ‘bomba atómica’ “El último año y medio se ha centrado en un diálogo que, lamentablemente, no ha generado ningún resultado. Por eso ahora estamos viendo esta discusión sobre la bomba atómica, señaló, en referencia al nombre que la excomisaria de Justicia Viviane Reding otorgó al artículo 7 del Tratado de Lisboa.

Este pulso entre Varsovia y Bruselas no preocupa únicamente al órgano ejecutivo de la Unión. El presidente del Consejo Europeo, el también polaco Donald Tusk, pidió el jueves “evitar consecuencias que puedan llevar a la marginalización de Polonia en Europa”, y advirtió de que este proceso requiere “voluntad para hablar” además de “concesiones y respeto mutuo”. “(Estas reformas) nos transportan, en sentido político, atrás en el tiempo y hacia el este geográficamente”, alertó Tusk.

Teniendo en cuenta que las sanciones previstas en el artículo 7 no pueden aprobarse sin el beneplácito de Hungría, que no está por la labor de alinearse con la UE contra otro gobierno conservador, la UE no tiene muchas más opciones legales para persuadir a Polonia de que retorne a la senda del Estado de Derecho.

“La más importante”, sostuvo la experta, “será que una mayoría de Estados miembros cierren filas y digan a Polonia: parad, no os vamos a dejar ir por este camino autoritario que no converge con lo que firmasteis con el resto de Estados miembros”.

En cualquier caso, Weiss dijo que espera que “la amenaza de activarlo”, sin llegar a retirar el derecho de voto a Polonia, sea suficiente. “Este es el momento de mostrar fuerza y de asegurar que nos guiamos por los valores europeos, que no estamos jugando con ellos y permitimos a ciertos Estados miembros ignorarlos o incumplirlos”, concluyó.