Que la corrupción es un mal endémico en los Balcanes es algo archisabido. Tan sabido y tan arraigado que se podría decir que es el mal social de esa parte de Europa.

Pero si esa plaga la padecen todas las naciones de la zona, ninguna lo hace con el descaro de Rumania. Y es que ahora el partido gubernamental -el socialdemócrata PSD y cuyo jefe, Liviu Dragnea, está inhabilitado por corrupción electoral- pretende nada menos que llevar a cabo una reforma del Código Penal para amnistiar con efectos retroactivos a todos los políticos y funcionarios públicos condenados -o en proceso de instrucción- por prevaricación, estafa, abuso de poder, etc.

No hace falta decir que el motivo principal de esta iniciativa, que tiene antecedentes en el actual quinquenio, es mantener en activo a todos los políticos corruptos y condenados, comenzando hoy en día por el propio Dragnea que no puede asumir la jefatura del Gobierno pese a que el PSD sacó una gran mayoría en los últimos comicios. Pero sí hay que señalar que los corruptos del país suman al descaro la impertinencia.

Porque ahora el PSD pide nada menos que la destitución del presidente rumano, Klaus Johannis, porque -según dice- este “?inició un golpe de Estado?” al participar la penúltima semana de enero en Bucarest en una manifestación de 30.000 personas contra la proyectada reforma penal.

La maniobra socialdemócrata no es nueva (en el 2012, y con otros pretextos, la intentó el PSD contra Traian Basescu, presidente a la sazón) y si la anterior fracaso fue porque en el referendo correspondiente no hubo el quorum mínimo necesario. Ahora es posible que fracase por inconstitucional, ya que la reforma se planteó sin consultar el Ministerio de Justicia a ninguna de las instituciones jurídicas del país.

En cambio, para darle apoyo popular, la reforma propuesta va acompañada de un decreto por el que se amnistiaría a todos los presos comunes mayores de 60 años o con niños menores de 5 años a su cargo.

La cacicada del PSD le ha salido rana también esta vez ya que las manifestaciones masivas de protesta registradas en todo el país el último fin de semana han obligado al Gobierno a dar marcha atrás y anunciar la retirada del proyecto de ley

Al llegar aquí hay que señalar que si la corrupción tiene en Rumanía niveles de descaro político asombrosos (y reiterativos) para una democracia occidental, este país no es ni mucho menos el más afectado por semejante lacra. A ese título aspira en primer lugar Bulgaria, nación donde la ONG búlgara Centro de Investigaciones Democráticas asegura que en el 2014 el 29% de la población participó activa o pasivamente en una corrupción; la cifra bajó al 22% en el 2016?, pero siempre con más disimulo que en su vecina septentrional.