Caracas - La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró ayer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país está buscando ardides para invalidar las firmas consignadas por los opositores para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Ahora lo que están es buscando artilugios, con unas observaciones por parte de un (experto en) dactiloscopia a ver si una firma colocada en una planilla (formulario) se corresponde con las huellas reales”, dijo en una entrevista con la emisora local Éxitos el opositor Vicente Bello, portavoz de la MUD.

El opositor se refería al proceso anunciado ayer por el CNE para auditar y validar las casi dos millones de firmas entregadas por la oposición a principios de mes para respaldar una solicitud de referendo para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro, este mismo año. El proceso anunciado por la autoridad electoral establece cinco fases de validación y luego otra de auditoría de las rúbricas consignadas, que luego deben ser verificadas en puntos automatizados por cada elector. “El tema es que legalmente eso no es necesario”, dijo Bello para referirse a las cinco fases de validación, porque, según él, “lo que procede es convocar a los ciudadanos y que ellos cada uno personalmente ratifiquen su huella y que ellos coloquen su huella en una captahuella para que sea verificada”.

El opositor Juan Carlos Caldera, representante de la MUD, ante el CNE para el trámite de solicitud del referendo, ha asegurado que estas fases de validación ponen en peligro unas 800.000 firmas que podrían ser anuladas. Este proceso verifica varios campos que incluyen huellas digitales, firmas, datos del elector, entre otros, que, según ha dicho el CNE, serán revisados por técnicos en grafología y dactiloscopia.

Los opositores admiten que muchas de esas firmas podrían no cumplir los estándares de los técnicos, porque fueron recogidas en las calles por lo que en muchos casos, aseguran, es posible que los registros tengan errores. El proceso para la convocatoria del referendo revocatorio está actualmente en una fase inicial de la validación de las firmas de quienes respaldan la solicitud de una convocatoria, estas aún deben ser sometidas a un proceso de verificación que es el que los opositores reclaman que se dé cuanto antes.

Una vez cumplido este trámite y aprobado por las autoridades, los opositores deberán entonces entregar más de cuatro millones de firmas para que la solicitud quede aprobada. El oficialismo asegura que un revocatorio requiere de 243 días para poder cumplir los plazo, por lo que sostiene que es imposible que ese referendo se celebre este año, que es además el único año en el que es constitucionalmente posible cesar al Gobierno chavista.

Opositores, ahora españoles El Gobierno español aprobó ayer conceder la nacionalidad española a otros dos familiares del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López, su hermana Cristina y el marido de ésta, Herman José Sifontes Tovar, además de al presidente del diario El Nacional, su mujer y sus dos hijos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que estas seis personas están “sumamente afectadas” por la “persecución política y judicial” que sufren en su país y que la decisión de concederles la nacionalidad les permite afrontar esa persecución “con mayores garantías democráticas”. Dijo que es “un ejercicio de responsabilidad” del Gobierno de España que manifiesta así su “solidaridad a quienes sufren la persecución política” y ha recordado que el Ejecutivo ya concedió la nacionalidad española a los padres de Leopoldo López el pasado año.

Según explicó, tanto Cristina López como su marido, Herman José Sifontes Tovar, se encuentran en una “dramática” situación personal y familiar como consecuencia del “acoso político que injustamente sufren su hermano, su padre y, en general, toda la familia”.

Por el mismo motivo, argumentó, se le ha concedido la nacionalidad al presidente del diario El Nacional, Luis Carlos Serra Carmona, su mujer y sus dos hijos. Tras precisar que los padres del empresario son españoles, explicó que “sus informaciones periodísticas relacionadas con el régimen bolivariano le han convertido en uno de los 22 ciudadanos demandados ante la justicia”. - Efe