Washington. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó ayer el plan de gasto de 1,012 billones de dólares después de que el Senado le diera ayer luz verde y tras ser aprobado el miércoles en la Cámara de Representantes. De esta manera que queda despejado definitivamente el temor a un nuevo cierre administrativo al menos hasta octubre. El plan, aprobado ayer con 72 votos a favor y 26 en contra, completa los detalles del histórico acuerdo presupuestario bipartidista aprobado en diciembre y dota con fondos a las agencias federales durante el año fiscal en marcha, es decir, hasta el mes de octubre.

Los fondos federales expiraban en principio la medianoche del miércoles pero el Congreso aprobó una extensión de tres días para dar tiempo a que el plan fuera aprobado por las dos Cámaras y rubricado por el presidente, que dio cuenta del mismo ayer. Las cuentas permiten eliminar 45.000 millones de dólares de los recortes automáticos, en marcha desde marzo del año pasado por la falta de acuerdo entre los congresistas. La ley detalla las partidas para una docena de áreas presupuestarias (desde agricultura hasta seguridad nacional) y permite que el Pentágono recupere unos 20.000 millones de dólares en fondos, se dote de financiación al programa educativo Head Start, al tiempo que asegura un aumento del 1% en los salarios de los funcionarios.

como bush Además, sitúa el gasto para el Gobierno de Obama a un nivel similar al de los últimos años de la Administración de George W. Bush en términos nominales.

La norma no incluye finalmente ninguna medida para bloquear la reforma sanitaria de Barack Obama, contra la que batallan con dureza los republicanos desde su promulgación en 2010. El cambio más importante que introduce la ley ratificada ayer es que a los veteranos de guerra con una discapacidad no se les aplicará el recorte en las pensiones de los militares previsto en el acuerdo de diciembre.

A pesar de las amenazas de bloqueo por parte del sector más conservador de las filas republicanas, el plan salió adelante porque ambos partidos coinciden en que lo que el país no puede permitirse otro cierre, tras el del año pasado, que perjudicó no sólo la imagen del Gobierno, sino también la del Congreso.