El Cairo. La Junta Militar egipcia retomó ayer el control del poder legislativo a menos de 48 horas del inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Egipto. El Tribunal Constitucional ordenó la disolución de la Cámara baja tras anular un tercio de los escaños elegidos en las elecciones legislativas celebradas entre noviembre y enero, los primeros comicios democráticos de la historia de Egipto.
La corte declaró además inconstitucional la llamada "ley de aislamiento" que impedía acceder a un cargo público a exfuncionarios del depuesto Hosni Mubarak, lo que lleva al general retirado Ahmed Shafiq, último primer ministro de Munarak, a poder presentarse a las elecciones de este fin de semana y por consecuente, a ser el nuevo presidente de Egipto si resulta elegido.
Shafiq, calificó ayer de "histórico" el fallo del Tribunal Constitucional y aseguró que "el mensaje del fallo es que ha terminado la época del ajuste de cuentas y del aprovechamiento de las instituciones del Estado en favor de un determinado grupo". Para Shafiq, que se enfrentará en los comicios al islamista Mohamed Mursi, presidente del Partido Libertad y Justicia (brazo político de los Hermanos Musulmanes), el fallo "refuerza la legalidad del Comité Electoral Supremo, encargado de organizar las presidenciales".
En su discurso, el candidato insistió en que Egipto necesita entrar en una nueva etapa de "reconciliación nacional", por lo que se comprometió a ser "un presidente para todos los egipcios" si es elegido en la segunda vuelta. "Estoy dispuesto a colaborar con todos", subrayó Shafiq, quien señaló que ve a Mursi como "un compañero y no como un adversario", pese a la campaña de "difamación" que -dijo- los Hermanos Musulmanes han lanzado contra su candidatura. En este sentido, el ex primer ministro se comprometió a aceptar las posturas opositoras: "Nadie será apartado, nadie irá a la cárcel por manifestarse", afirmó.
altercados El veredicto de la corte volvió a calentar los ánimos de los jóvenes revolucionarios, lo que llevó a continuos altercados entre los activistas y las fuerzas del orden en las inmediaciones del Tribunal Constitucional. El malestar crece en el país apenas 24 horas después de que el Ministerio de Justicia permitiese por decreto la detención por parte de los militares de civiles sospechosos de la comisión de delito, devolviendo así al Ejército algunos de los poderes de la ley de emergencia recientemente derogada.
