Londres. El Tribunal Supremo británico apoyó ayer la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Suecia, donde se le acusa de violación y acoso a dos mujeres, pero le dio catorce días para evaluar el dictamen y considerar una reapertura del caso.

Por cinco votos a favor y dos en contra, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado la defensa del periodista por entender que la euroorden emitida por Suecia cumple con los requisitos legales. Sin embargo, Assange, detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010 y que niega todos los cargos, no será entregado inmediatamente a Suecia, pues la defensa no está satisfecha con el fallo y ha pedido catorce días para evaluarlo, reclamación que ha sido concedida. El caso de Assange llegó hasta el Supremo después de que dos cortes inferiores -Westminster y el Tribunal Superior- autorizaran su entrega a las autoridades suecas.

En un giro inesperado en el maratoniano proceso legal contra Assange, su abogada Dinah Rose informó ayer a la corte de que estudia pedir permiso para reabrir el caso basándose en un tecnicismo legal. En la audiencia judicial de ayer, a la que no asistió Assange-que lleva 540 días en arresto domiciliaro por un supuesto delito sexual- pero sí algunos de sus partidarios con banderas y lemas en su defensa, Rose consideró que la justificación del fallo está basada en la Convención de Viena en materia de tratados y leyes, pero ésta -dijo- no fue argumentada durante el proceso.

Los abogados de Assange habían recurrido ante el Supremo con el argumento de que la eurooroden cursada por Suecia no era válida dado que fue emitida por un fiscal y no un juez. Sin embargo, el Supremo concluyó ayer que, tras una interpretación de la legislación europea, que se refiere a que una euroorden debe ser pedida por una "autoridad judicial", la petición de entrega por parte de Suecia era "legal". El presidente del Supremo, Nicholas Philips, reconoció las dificultades de los jueces a la hora de interpretar puntos de la ley europea, pero dijo que cinco de los siete magistrados concluyeron que la petición sueca reunía los requerimientos legales por entender que el fiscal entraba en la definición de "autoridad judicial". A la salida del Supremo, la abogada Gareth Peirce, del bufete de letrados que defienden a Assange, dijo que pedirán al Supremo que "reconsidere" el dictamen.