Tres de estos casos están relacionados con los negocios del magnate ("Mediatrade", "Mediaset" y "Mills") y el cuarto es de índole sexual, el caso "Ruby", en el que Berlusconi está acusado de abuso de poder (concusión) e incitación a la prostitución de menores.

En el caso "Mediatrade" se investiga si el grupo Mediaset, a través de su filial Mediatrade, compró los derechos de películas a una mayorista estadounidense mediante un intermediario, Frank Agrama y su empresa Wiltshire, para aumentar después los precios y permitir, con su recompra, evadir dinero al fisco.

La diferencia entre el precio original de los derechos de las películas y lo que supuestamente pudieron pagar las empresas de Berlusconi puede encontrarse, según las hipótesis que baraja la Fiscalía de Milán, en algunos paraísos fiscales, por lo que aprecia un delito de fraude fiscal por valor de 34 millones de euros.

La investigación, que fue notificada a Berlusconi en 2007 y que el fiscal Fabio di Pasquale comenzó en 2005, se pudo realizar después de un registro policial llevado a cabo en las oficinas de la sociedad Redes Televisivas Italianas (RTI), controlada por Mediatrade.

La Fiscalía de Milán anunció el 22 de enero de 2010 la conclusión de la investigación preliminar por el caso e incluyó al político italiano y a su hijo, Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente de Mediaset, entre los doce indagados.

Al igual que con los otros procesos que Berlusconi tiene abiertos en la fiscalía milanesa, el caso "Mediatrade" se ha visto afectado por la aprobación en el Parlamento de sendas leyes (la "Ley Alfano" y la "Ley del Legítimo Impedimento") a las que se acogía el primer ministro para evitar su procesamiento