Es rigurosamente cierto que hasta el momento en que se emita la sentencia, Dani Alves tiene derecho a la presunción de inocencia. También lo es, a la vista de lo acontecido desde que lo detuvieron el 20 de enero de 2023 hasta que ayer lo vimos sentarse en el banquillo en la primera jornada del juicio oral, que cuesta mucho creer en ella.

Estamos hablando de un tipo que, además de haber cambiado dos veces de equipo legal, ha ofrecido nada menos que cinco versiones sobre los hechos y, en buena parte de los casos, totalmente contradictorias entre sí.

Sobra, por lo tanto, que él, aunque sea a instancias de su defensa, se proclame víctima y denuncie haber sido objeto de “un juicio paralelo”. Podría empezar preguntándose si su actitud, y no digamos la de su entorno, no ha contribuido a ese juicio, tratando de desprestigiar a la denunciante con métodos rastreros.

Otro toque de atención al juez García-Castellón

Después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo dejara bien claro que, contra el criterio del juez García-Castellón, no ve motivos para imputar por terrorismo a Carles Puigdemont, la de la Audiencia Nacional le ha propinado otro capón al magistrado hiperactivo.

En este caso, el ministerio público ha recurrido su decisión de reabrir la causa por los recibimientos a presos de ETA. Y no crean que lo ha hecho con modos suaves y portantoencuantos vaporosos. Ni mucho menos.

Después de acusar a García-Castellón de promover “una investigación inquisitorial”, en el escrito de la Fiscalía se le espeta lo que van a leer: “No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca”. No me gusta la palabreja en cuestión, pero eso es un zasca en toda regla.

Pero el aludido, como quien oye llover, y a lo suyo. Su última actuación, en una diligencia emitida ayer mismo, ha consistido en pedir a la Guardia Civil que localice al diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg, que la semana pasada anunció que se trasladaba a Suiza para preparar su defensa “por miedo a una detención arbitraria”.